La puneña Rocío Torres Carcasi, de tan sólo 29 años, ha comprado por ocho millones de dólares la finca taurina de «Yerbabuena». Tras el asesinato de su hermano, heredó una fortuna amasada por su padre en los helados socavones del centro poblado minero de La Rinconada. Hoy, su empresa Titán, tiene más de un centenar de petitorios mineros y su fortuna traspasa el Atlántico.
El personal del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) realizó un operativo para verificar que los vehículos que transportan combustible a Madre de Dios tengan GPS, dispositivo que les permite hacerles seguimiento y así evitar que el carburante sea utilizado en actividades ilegales como la minería informal.
Alrededor de 70 funcionarios del Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú y centros de emergencia Mujer; así como organizaciones civiles y medios de comunicación, demandaron mayor apoyo y medidas urgentes al Gobierno Central para combatir la trata de personas en la región de Madre de Dios.
El Poder Judicial (PJ) -a través de sus diferentes órganos jurisdiccionales a nivel nacional- está investigando 796 casos de delitos contra la ecología y el medioambiente en sus diferentes modalidades, cifra que se ha incrementado ostensiblemente en los últimos meses, informó una fuente el organismo judicial a INFOREGIÓN.
Cuando trabajaban en diferentes lugares de la zona de minería ilegal de Puerto Maldonado, tres mineros hallaron trágica muerte la madrugada del domingo 30 de junio, en circunstancias parecidas, pero en lugares diferentes.
El pasado viernes 21 de junio, especialistas de seis países (Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela) se reunieron exponer y discutir sobre los impactos generados por la minería ilegal en la cuenca amazónica.
Como “vital” calificó el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, al apoyo y compromiso del Poder Judicial y del Ministerio Público para ejecutar medidas concretas, como la transferencia de jueces especializados desde Lima a Madre de Dios, para evitar situaciones de corrupción en la lucha contra la minería ilegal.
Las impactantes fotos que publicamos el domingo sobre cómo la minería ilegal sigue destruyendo todo a su paso en Madre de Dios son prueba de que el gobierno sigue sumando fracasos en este tema. Y lo reconfirman los estudios que la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral ha realizado: se estima que en 2012 la minería ilegal destruyó 1,973 nuevas hectáreas de la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata, 48% más que el año anterior. Y este año ya serían 872 las hectáreas devastadas.
Si después de la lluvia el bosque exuda ese olor de la hierba aplastada sobre la tierra, en una zona de explotación minera de la selva, después de la lluvia solo queda el fango sin olor, rodeado de los cadáveres en pie de cientos de árboles sin vegetación. La escena es la misma en todos los campamentos mineros. Y este, ubicado a la altura del kilómetro 106 de la Carretera Interoceánica, a hora y media de Puerto Maldonado, no es la excepción. Se trata de una de las últimas invasiones mineras en la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata. Las motos que nos han traído hasta aquí no tienen placas. La ley parece un lejano asunto de papel.
La Defensoría del Pueblo informó que la sola presentación de la Declaración de Compromiso no faculta a los mineros ilegales a desarrollar sus actividades durante el plazo establecido para su formalización, sino que también resulta necesario el cumplimiento de los demás requisitos exigidos, los cuales deben ser objeto de evaluación por las autoridades competentes.