El 9 de mayo, el presidente colombiano Juan Manuel Santos tomó la decisión de anunciar la suspensión del programa de fumigación aérea de cultivos de coca. El programa, que ha durado 21 años y fue respaldado por Estados Unidos, busca erradicar los arbustos de coca, cuyas hojas se usa para hacer cocaína, mediante el uso de aviones para rociar herbicidas que contienen el químico glifosato.
El abogado Ilko Rogovich, del Programa de Asuntos Internacionales y Biodiversidad de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), saludó la decisión del nuevo ministro de Agricultura Miguel Caillaux de mostrarse partidario de aplicar una moratoria al ingreso de organismos vivos modificados (transgénicos) al Perú.
Los impactos en el medio ambiente generados por los cultivos de coca ilegal en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) son catastróficos, debido a que para cultivar una hectárea de esa planta se tienen que deforestar tres hectáreas de bosque. Además para obtener cuatro o cinco cosechas al año, la cantidad de herbicidas, fertilizantes, insecticidas y fungicidas se multiplica también por cuatro o cinco, lo cual deja como resultado irreversibles daños a la salud de las personas y la ecología.