Datos recopilados por el Grupo de Investigación del Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) del CGIAR señalan que cada año la producción agrícola y de alimentos emite a la atmósfera 17.000 megatoneladas de dióxido de carbono, una cifra mayor de la ofrecida en anteriores estimaciones.
Diversos especialistas en el tema ambiental coincidieron en señalar que no existe una acción efectiva del Estado para enfrenar el crecimiento de los cultivos de coca ilegal en zonas de amortiguamiento y reservas nacionales.
El duro golpe propinado por la roya sobre los cultivos de café en el valle puneño de Sandia ha hecho reflexionar a los productores sobre la posibilidad de desarrollar otras actividades que permitan enfrentar la situación sin tener que sembrar coca.
Amnistía Internacional, entidad dedicada a la defensa de los derechos humanos, hizo un llamado a no repetir en el Perú experiencias como el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente, Alberto Fujimori, disolvió el Parlamento.