Los bosques naturales del Perú cubren más del 50% del territorio nacional que abarca una superficie 68 millones de hectáreas. Anualmente, absorben cerca de 190 millones de toneladas de dióxido de carbono presentes en la atmósfera. Según la Unesco, esto significa que su presencia en el ambiente logra frenar los impactos del cambio climático. El mundo entero busca preservarlos, pero en el Perú hay voluntades que buscan depredarlos.
Hace unos meses, la Comisión Agraria del Congreso de la República planteó la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, una ley que tiene como fin promover la conservación, protección, incremento y uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre en armonía con el interés social, económico y ambiental del país. Esto está relacionado con el desarrollo y la conservación de los bosques nacionales.
La agricultura y la conservación son palabras que, por mucho tiempo, han venido enfrentándose entre sí. La razón de ello es que existen agentes a favor de expandir la frontera agrícola a costa de la preservación de zonas boscosas, como las de nuestra Amazonía. Esto tiene que ver con la manera cómo se interpreta un concepto como el desarrollo, el cual para muchos encarna la deforestación de la Amazonía.
Sobre la iniciativa legislativa mencionada consultamos con el biólogo Sandro Chávez, quien es past Decano Nacional del Colegio de Biólogos del Perú. Él fue enfático al sostener que «esta semana se realiza la COP27 y existe un contexto internacional que menciona que los bosques son fundamentales para la lucha contra el cambio climático. Diversos expertos afirman la necesidad de preservarlos, entonces esta modificación de la Ley Forestal no tiene ningún sentido«.
Formalizando lo informal
Actualmente, la ley N° 29763 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) busca regular y reducir la deforestación, la cual afecta los recursos forestales y de fauna silvestre. Sin embargo, su modificación propuesta por la Comisión Agraria pretende cambiar dos aspectos relevantes de la misma. En primer lugar, la suspensión de la zonificación forestal a cargo del Ministerio del Ambiente (Minam) en procesos que le conciernen y; en segundo lugar, la eliminación del procedimiento de autorizaciones de cambio de uso en áreas privadas. Esto significa otorgarle dicha gestión al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), que tiene dentro de sus competencias garantizar la disposición de los suelos.
Al respecto, César Ipenza, del proyecto Prevenir de Usaid, consideró que darle las facultades de zonificación forestal al Midagri significa generar mecanismos de deforestación. «El Ministerio de Desarrollo Agrario tiene una visión extractiva y no una visión de conservación. Cuando se habla del bosque no solo se habla de bienes», comentó el especialista en una entrevista para Exitosa.
No obstante, algunos partidarios de la modificación de esta Ley Forestal y de Fauna Silvestre sostienen que, debido a que en la actualidad existen agricultores asentados en zonas ya deforestadas, estos deberían ser formalizados y mantenerse en estas tierras. Sin embargo, esto implicaría replicar la invasión de parcelas en las que la agricultura es altamente dañina.
«La ley (propuesta por el Parlamento) tiene que archivarse. Modificar la Ley Forestal significa formalizar la deforestación; además de que estás incentivando a quienes todavía no han deforestado. Incluso muchos agricultores vienen fracasando en sus intentos de producir en zonas de bosques porque el suelo amazónico no es bueno para la agricultura. Lo que creo es que debe haber una política incentivos que deben hacerse desde el Midagri, para que hagan una producción que esté en armonía con el ambiente», argumentó Chávez.
«Modificar la Ley forestal significa formalizar la deforestación»
-Sandro Chávez
Recordemos que la agricultura migratoria y la ganadería son las mayores causas de deforestación en el país. En el caso de los agricultores, por ejemplo, se introducen en el bosque y eliminan la vegetación del terreno, además de talar los árboles. Hacen cultivos anuales durante dos o a veces tres años, casi sin preparar el suelo; y al disminuir considerablemente el volumen de la cosecha, abandonan el campo y queman el mismo para hacer un nuevo periodo de cultivo. Este proceso de abandono responde a que, según cifras del Minam, el 86% de los suelos de la Amazonía peruana tienen vocación únicamente para la forestería, pues son muy raros son los suelos en la región de la selva que tienen vocación agrícola o para pastos.
Chávez añadió que «en el Perú, los suelos cultivables no pasan más del 4 o 5%, pero en las zonas ricas para hacer agricultura, como Lurín por ejemplo, construimos ciudades. En cambio nos vamos a zonas [como la selva] donde la agricultura no es tan aprovechable. Debemos cambiar esa visión y la forma de como manejamos los suelos».
Por su parte, el propio Minam hizo público su rechazo a la modificación de la Ley Forestal de parte del Congreso. Cabe mencionar que a ley original fue aprobada por consulta previa, lo que significa que el Parlamento, de modificar la ley actual, no estaría reconociendo lo acordado con los pueblos indígenas y las comunidades nativas de nuestro país. Sus voces serían ignoradas.
En el 2020, el Perú tuvo la tasa más alta de deforestación (203 272 hectáreas). Se debe tener en cuenta que los bosques amazónicos no son solo bienes aprovechables, sino espacios en donde conviven actores capaces de reducir los impactos del cambio climático. Preservarlos es una tarea que todos los sectores deben garantizar. Lo cierto es que la mirada errada de que la conservación y el desarrollo no pueden ir de la mano ha calado en el imaginario de diversos agentes que están a favor de la expansión de la frontera agrícola apoyando la modificación de dicha ley.
«A los conservacionistas y ecologistas siempre nos han visto como bichos raros. Hoy la conservación no es sinónimo de ‘no lo toques’, sino de saber gestionar un recurso de manera que no lo pongas en riesgo«, finalizó Chávez.