Tres episodios de violencia ocurridos en el territorio del VRAEM en las últimas semanas ponen sobre la mesa la estrategia del Estado en la lucha contra las bandas armadas, que operan en la zona con creciente comodidad.
El pasado 5 de junio, por lo menos 35 hombres armados, al parecer miembros de la facción de los hermanos Quispe Palomino incursionaron en el campamento del consorcio Pichari, que ejecuta el asfaltado de la carretera Chalhuamayo-San Francisco (Ayacucho) y secuestraron a 18 trabajadores.
A inicios de mayo, efectivos del Ejército que patrullaban por la carretera que une las localidades de Kepashiato y Kiteni, en el distrito de Echarate (La Convención, Cusco), abrieron fuego contra una combi de pasajeros en la que supuestamente se desplazaba un elemento armado de Sendero Luminoso hiriendo a 9 personas. Luego se evidenció que el incidente se originó en un error de apreciación que terminó en un ataque de ciudadanos desarmados.
A fines de mayo, una supuesta columna senderista incursionó en el poblado de Putis (Huanta, Ayacucho), liderada al parecer por Julio Pucañahui, y saqueó el centro de salud del lugar.
El hecho se reportó días después y según fue aclarado luego, un grupo de personas portando armas llegó al poblado, de las cuales seis de ellas ingresaron a la comunidad para pedir medicinas al centro de salud. También se informó que un enfrentamiento de narcotraficantes en la zona, el 1° de junio, tuvo como saldo la muerte de una persona.
En los tres episodios se evidencia la falta de información oficial confiable, la que es reemplazada por referencias del éxito militar o la omisión de los hechos. En los dos últimos casos, se echó de menos la información oportuna y en los tres episodios la versión oficial fue rectificada más de una vez en respuesta a los datos alcanzados por la población o la prensa.
Lo acontecido expone una situación poco deseable en el terreno de las operaciones, desde donde se reportan errores, diferencias entre las fuerzas del orden y la población e incursiones con saldos cruentos. La pregunta básica que deberíamos hacernos, en la vía de encontrar una explicación oficial creíble, es si la estrategia que se ejecuta en el VRAEM está empantanada.
Es preciso arribar a una convicción respecto de la naturaleza del enemigo que se tiene al frente, al que unas veces se define como terrorista, otras como narcoterrorista y otras más como narcotraficante.
En esa línea, un sector de analistas señala que lo que se escenifica en el VRAEM es estrictamente una guerra del narcotráfico que demanda una estrategia nueva por la especificidad de los actores.
En cambio, las FFAA sostienen que el principal enemigo en la zona es el terrorismo, aliado del narcotráfico (de allí el término narcoterrorismo) pero que no pierde su esencia ideológica potencialmente destructiva del Estado.
No son los únicos problemas reportados. Preocupa el desgaste en las relaciones entre las fuerzas del orden y la población, evidenciado en el pedido de la alcaldesa de La Convención del levantamiento del Estado de Emergencia y la escasa vigencia de los comités de autodefensa aliadas del Estado, cuya revitalización se programó hace varios años. En ese misma línea, es importante definir, y si fuese el caso corregir, los problemas en la relación de los mandos destacados en la zona y las instancias ubicadas en Lima.
Luego de varios años de iniciadas las operaciones en el VRAEM, el país necesita éxitos vigentes y tangibles, en esta nueva etapa en que la disposición de recursos ya no constituye una limitación y en que se necesita utilizar y aquilatar la experiencia con el propósito de resultados positivos. El país requiere éxitos como la captura de “Artemio” y la captura de los mandos centrales de la banda armada del VRAEM.