El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) advirtió que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo al Congreso el último viernes en el que plantea mayor severidad al castigo de las interceptaciones telefónicas, contiene omisiones y términos equívocos que pueden limitar la labor periodística y afectar la libertad de expresión.
IPYS agregó que son preocupantes la penalización de registro por cualquier medio de diálogos y otros hechos privados, independientemente de su interés público, así como el uso de términos equívocos que pueden dar lugar a que se persiga la difusión de información de interés público por periodistas que no participaron de su obtención ilícita, lo cual sin duda limitaría ilegítimamente la libertad de información.
Por esos problemas, el IPYS considera que una alternativa razonable sería la modificación de la propuesta corrigiendo los problemas de confusión anotados e incluyendo un párrafo en el que de manera expresa se excluya del ámbito de la sanción penal la difusión de información de relevancia o interés público.
El IPYS recordó que en nuestro cuando otro derecho fundamental como el honor entra en conflicto con la libertad de expresión, lo que procede según la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional es un juicio de ponderación donde la proyección pública de la información determina la prevalencia de la libertad de expresión.
Por tanto, afirma IPYS, no hay razón para que no se aplique el mismo criterio en el caso del derecho a la intimidad o del secreto de las comunicaciones.