A inicios de este año, para ser más precisos desde el comienzo de su periodo de gestión, el Congreso de la República cuya desaprobación bordea un elevado 80% (última encuesta IEP), ha impulsado promulgar, derogar o modificar leyes que beneficien a ciertos sectores, pero no necesariamente a favor de la ciudadanía en su conjunto. El rubro ambiental es una prueba de ello.
En esta edición, INFOREGIÓN repasará los principales intentos del Poder Legislativo para modificar leyes que buscaron retroceder los avances relacionados a temas ambientales muy importantes para el país. Algunos proyectos aún buscan ser debatidos en las siguientes sesiones del Parlamento poniendo en riesgo a nuestro patrimonio natural.
¿La agricultura o la conservación?
Hace unos meses, la Comisión Agraria del Congreso de la República intentó modificar la actual ley forestal y de fauna silvestre (ley N° 29763). Esto en relación al interés y la visión que considera a la Amazonía como un agente económico, más que como un espacio de protección y desarrollo sostenible.
La actual Ley forestal es un texto que busca regular el uso de los suelos y reducir la deforestación de los bosques amazónicos, pues esta ley tiene como fin promover la conservación del patrimonio forestal del Perú. Además, ha sido la única herramienta legislativa del Perú que fue sometida a un proceso de consulta previa. Esto significa que contó con la participaron de organizaciones y líderes de pueblos indígenas.
No obstante, en los próximos días, el Congreso de la República debatiría su modificación. La razón de esto se puede encontrar en la interpretación que se hace de dos palabras que, por mucho tiempo, se han enfrentado entre sí: la agricultura y la conservación.
La propuesta de la Comisión Agraria pretende cambiar dos aspectos de la actual Ley forestal. En primer lugar, la suspensión de la zonificación forestal a cargo del Ministerio del Ambiente (Minam) en procesos que le conciernen y; en segundo lugar, la eliminación del procedimiento de autorizaciones de cambio de uso en áreas privadas.
Esto significa otorgarle estas gestiones al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), que tiene dentro de sus competencias garantizar la disposición de los suelos antes que de protegerlos. Según varios expertos, esto significará incentivar la destrucción de los bosques, ya que cualquier persona podría formalizar los cambios de uso de tierra en zonas boscosas.
«Modificar la Ley Forestal significa formalizar la deforestación. Además de que estás incentivando a quienes todavía no han deforestado», enfatizó al respecto el biólogo, y past decano nacional del Colegio de Biólogos del Perú, Sandro Chávez.
#MedioAmbiente Insistimos al @congresoperu archivar proyecto de ley que modifica la Ley Forestal, cuya aprobación pone en peligro nuestros bosques amazónicos y los derechos de cerca de 400 000 indígenas que dependen de estos bosques.👉🏼https://t.co/tfn8eUtkk7 pic.twitter.com/c2jZlXTA60
— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) December 21, 2022
Al respecto, César Ipenza, del proyecto Prevenir de Usaid, afirmó lo siguiente. «El Ministerio de Desarrollo Agrario tiene una visión extractiva y no una visión de conservación. Cuando se habla del bosque no solo se habla de bienes», comentó el especialista en una entrevista para Exitosa.
Algunos partidarios de la modificación de esta Ley Forestal y de Fauna Silvestre sostienen que, debido a que en la actualidad existen agricultores asentados en zonas ya deforestadas, estos deberían ser formalizados y mantenerse en estas tierras. Sin embargo, esto implicaría replicar la invasión de parcelas en las que la agricultura es altamente dañina.
Por su parte, Julia Urrunaga, directora para Perú de Agencia de Investigación Ambiental (EIA), sostuvo que la iniciativa que impulsa el Legislativo no es una medida que favorecería a estos pequeños productores como se ha presentado la modificación, pues si ese fuera el objetivo se optarían por otros métodos, como el apoyo legal a quienes se acentuaron en zonas para deforestar.
«Esta norma lo que facilita es la legalización de gran deforestación ilegal y reduce estándares para que puedan deforestar más fácilmente. Ha habido un intento de manipular y decir lo que no es“, advirtió Urrunaga para este medio.
Desde la sociedad civil, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha comentado que de modificarse los artículos 29 (bosques de producción permanente y 33 (aprobación de la zonificación forestal) de la ley citada trasladando la competencia del Minam al Midagri, sí se promovería la agricultura, pero esto llevaría a incentivar la deforestación.
«Se afectan los derechos de los pueblos indígenas porque no toma en cuenta la afectación a los territorios de los pueblos indígenas, no solo las tituladas sino también las que tradicionalmente ocupan. Además, se generaría la destrucción del habitad que es parte del territorio de dichos pueblos, pero también esto generará un impacto a la humanidad en general. También se afecta la integridad de pueblos Piaci y defensores, ya que se legalizarían nuevas formas de ocupación de la tierra o de despojo territorial», denunció Aidesep en un comunicado enviado a INFOREGIÓN.
Ver también: Madre de Dios: ¿Quiénes cuidan a los que protegen los bosques?
Atando cabos
Como se ha mencionado, el Congreso de la República está buscando la forma de ampliar la frontera agrícola a como dé lugar. Utilizando otra modalidad es que esta semana también se ha hecho pública la voluntad de hacer retroceder la protección de vidas humanas. Veamos.
El congresista fujimorista y representante de la región Loreto, Jorge Morante Figari, ha presentado el Proyecto de Ley 3518/2022-CR, el cual propone modificar la Ley 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y contacto Inicial (Ley Piaci) para que la creación de las reservas indígenas sean aprobadas por Ordenanza Regional de los gobiernos regionales y no por Decreto Supremo del Gobierno Nacional.
De prosperar esta iniciativa implicará el desplazamiento de los pueblos Piaci de sus territorios, pues uno de los argumentos para sustentar esta modificación es que la creación de reservas territoriales quita «autonomía» a los gobiernos regionales en relación a las políticas a realizar dentro de sus territorios.
«Miles de pobladores loretanos que realizan sus actividades de pesca, caza y extracción de madera a pequeña escala para subsistir se ven obligados a abandonar sus territorios debido a la creación de reservas”, expresó el congresista citado al sustentar dicha modificación.
Además, el mismo gobernador regional de Loreto, Elisban Ochoa, mediante oficio dirigido al entonces ministro de Cultura, Alejandro Salas, solicitó la nulidad del reconocimiento de los Piaci ya que para él, estos no existen. «El gobierno es respetuoso de los pueblos no contactados, si los hubiere», se enfatizaba en carta suscrita durante su gestión.
Por su parte, el apu Julio Cusurichi Palacios afirma que negar la existencia de esta población es caer en el genocidio y exterminio de los «hermanos Piaci». Por ello, advierte que «este proyecto pretende facultar a los gobiernos regionales a ‘determinar la revocatoria o extinción’ tanto de los reconocimientos de la existencia de los Piaci como de las reservas indígenas creadas a su favor. Es decir, si se aprueba este proyecto de ley los gobiernos regionales podrían extinguir todas las reservas indígenas creadas e inclusive desaparecer el reconocimiento de la propia existencia de estos pueblos, quienes son ciudadanos peruanos y sujetos de derechos igual que nosotros».
🚨 #ALERTA Aquí 5 razones en contra de la modificatoria de la Ley #PIACI propuesta por el Proyecto de Ley N 3518 que se pretende impulsar desde el @congresoperu
📣✊🏽 Súmate a la campaña para decir fuerte y claro #NoalGenocidioPIACI #Verlink https://t.co/vKH8v402BK pic.twitter.com/OzJPEEH6ay— Orpio Aidesep (@OrpioA) December 22, 2022
Según especialistas consultados por INFOREGIÓN, detrás del interés de políticas antipiaci existe la intención de madereros y empresas asociadas al tráfico de tierras, pues justamente la creación de las reservas territoriales impide el acceso de actividades como la tala a gran escala. Recordemos que esta actividad se ha intensificado en regiones como Loreto y Ucayali.
A ello se añade que, según una denuncia realizada por la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), desde el 2015 el Gobierno Regional de Loreto ha entregado unas 47 concesiones forestales en al menos 300 000 hectáreas de territorios de pueblos indígenas en situación de aislamiento de la Reserva Indígena Yavarí Tapiche y de la Reserva Indígena en solicitud Yavarí Mirim.
Sin duda, existe un alto interés del Congreso por modificar leyes para utilizar la Amazonía como un lugar de extracción de recursos para beneficios propios. Esto sin tomar en cuenta la afectación que causaría en las comunidades y pueblos indígenas que viven dentro de estas áreas boscosas. Atando cabos, este Parlamento está en contra de la protección de los bosques, más aún cuando el dinero y los intereses propios guían las políticas públicas. Debemos encender las luces de alerta ante estos atentados contra los bosques amazónicos.
Un intento fallido
Debido a las presiones mediáticas y a las constantes alertas realizadas por varias organizaciones, recientemente, con 103 votos a favor, 0 en contra y 1 en abstención, el Congreso de la República aprobó la modificación del artículo 308 B sobre la extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas de la ley 31622, la cual fortalece la lucha contra el crimen organizado. Esto con el fin de hacer entender a los pescadores artesanales que la ley no busca criminalizarlos, sino que se espera combatir a las mafias que lucran destruyendo la biodiversidad del país.
Según especialistas consultados por este medio, la idea de modificar el texto fue aceptada con el fin de que los proyectos de ley 196, 463 y 993, los cuales incorporan el tráfico de vida silvestre dentro de los alcances de la Ley de Crimen Organizado no fueran derogados.
Fue el pasado 3 de noviembre, con 93 votos a favor, cuando el Congreso de la República aprobó la inclusión del tráfico de fauna silvestre dentro del ámbito de la Ley Contra el Crimen Organizado. Con ello, fiscales y actores de justicia tendrían mayores herramientas al momento de combatir este delito. Por ejemplo, podrán solicitar el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria, uso de técnicas especiales de investigación como agentes encubiertos, incautación y decomiso por parte de la Policía, y más tiempo para la investigación preparatoria y prisión preventiva.
“Esto es fundamental e importante porque tenemos organizaciones criminales que se disfrazan de empresas y trafican cantidades inmensas de nuestra biodiversidad que amenazan de manera importante la existencia de esas especies”, declaraba el miembro del proyecto Prevenir de Usaid, César Ipenza, en una entrevista para este medio.
Sin embargo, la victoria no duró mucho. Pues a menos de una semana que el Parlamento le brinde una victoria al medio ambiente, en la provincia de Sechura, departamento de Piura, mafias ligadas a la pesca ilegal y al desvío de harina de anchoveta se dedicaron a desinformar y amenazar a pescadores artesanales y autoridades de esta parte del país sobre los alcances de la norma citada.
El @SerforPeru aplaude la aprobación de la Ley N° 31622, que modifica 3 art del Código Penal, que incluye al tráfico de fauna silvestre dentro de la Ley de Crimen Organizado. Con ello, se dispone de herramientas para luchar contra el comercio ilegal que afecta la vida silvestre. pic.twitter.com/zgw1HUPbNe
— Serfor Perú (@SerforPeru) November 24, 2022
Es así que la fiscal provincial en Materia Ambiental del Santa, Evelyn Lamadrid, quien apoyó la inclusión del tráfico de fauna silvestre dentro de los alcances de la Ley Contra el Crimen Organizado, fue una de las primeras que recibió querellas por actores a favor de este delito.
«Utilizan a pescadores artesanales para que de alguna forma vayan a mis superiores y puedan pedir mi destitución. En los memoriales que recibo, porque he sido investigada por el órgano de control interno, se indica que yo soy una fiscal abusiva porque incauto embarcaciones o recursos hidrológicos. Lo que en realidad se busca es entorpecer las acciones que realiza la Fiscalía. Yo le he explicado a los pescadores que mi trabajo no es personal, sino que se trata de cumplir las normas», manifestaba Evelyn Lamadri para INFOREGIÓN.
Por su parte, el excongresista y vicepresidente de Oceana Perú, Daniel Olivares, comentaba a este medio algunas de las razones para entender la negativa de incluir el tráfico de fauna silvestre dentro de los ámbitos de la Ley contra el crimen organizado. «Si las reformas fueran fáciles de hacer ya se habrían hecho todas. (…) es comprensible que haya resistencia de los ilegales que trafican con permisos falsos o quienes desvían la anchoveta. Lo que están haciendo estas organizaciones es confundir a los pescadores y decirles que se les está criminalizando. Eso es mucho más fácil de esparcir, porque es más difícil explicar la verdad y la parte técnica [de esta norma]», advertía.
Cabe recordar que el Perú, desde el año 2000 hasta la actualidad, ha logrado decomisar más de 79 mil animales silvestres vivos. Además, existen más de 170 zonas ilegales donde dichas especies se venden y logran concentrar un mercado comercial que genera hasta U$23 000 000 por año. Por lo que, es la cuarta actividad ilícita más lucrativa del mundo luego del narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas.
Por esta razón, el 21 de septiembre del año pasado se derivó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República el Proyecto de Ley Nº 196/2021-CR “Ley que modifica el artículo 3 de la Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, con el objetivo de incorporar en su ámbito de aplicación delitos contra los recursos naturales”.
“Hemos conversado con algunos pescadores que sí están a favor de que esta ley persiga y castigue las prácticas ilegales, como también existen pescadores que están en contra. Pero se necesita abrir un debate divulgando la ley para hacer llegar los alcances de sus implicancias. Esta ley no va afectar al pescador artesanal que extrae un recurso que está en veda, porque la pesquería se regula con lo que establece el Ministerio de la Producción; no se regula con la Fiscalía”, sostuvo Juan Carlos Sueiro, vocero de pesquería de Oceana.
Según la plataforma Si Compras eres Cómplice de la Wildlife Conservation Society (WCS), en el Perú, a diario se trafican más de 400 especies, por lo que combatir este delito es primordial para continuar preservando a las especies que son víctimas del tráfico ilegal.
Sin duda en este 2022 nuestro Congreso ha dado amplio espacio a quienes están en contra del ambiente. Es necesario estar alertas ante nuevos intentos del Parlamento de cambiar cualquier norma buscando el beneficio de intereses particulares. En este año, en lugar de consolidarse la confianza en nuestras autoridades, terminamos el 2022 con temor a que se siga priorizando la destrucción de la naturaleza, y peor aún, el exterminio de grupos sociales. Vale la pena preguntarse ¿cuál será el costo de continuar modificando leyes en contra de los derechos de seres humanos? Legalizar lo ilegal se ha vuelto la nueva agenda política.