El Comercio. Nuestro Diario ha dado a conocer cifras de espanto de la denigrante trata de personas. Lo más doloroso es el cuadro desolador de las víctimas, menores de edad o jovencitas, que bajo el señuelo del empleo fácil son secuestradas, violadas e introducidas en el vil mundo de la prostitución.
Esta forma de esclavitud del siglo XXI es una vergüenza que la sociedad no debe tolerar. Seríamos cómplices si el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la PNP, los gobiernos locales y la justicia no toman cartas en el asunto para resolver los 323 juicios pendientes entablados por las víctimas en Lima.
Las leguleyadas resultan inadmisibles. Más aun cuando los afectados son menores de edad cuyas vidas son mancilladas por mafias que se escudan en formas delictivas menores para evadir la justicia.
Recién desde el 2008 se aplican sentencias ejemplares, con penas de cárcel de 25 a 30 años. Eso debe continuar, pero llama la atención que muchos de estos delincuentes sean extranjeros, principalmente asiáticos, a quienes ninguna autoridad peruana cuestiona su situación migratoria. ¿Qué pasaría si ello ocurre en otro país y el delincuente fuera peruano? Además de la Dirección de Migraciones, las municipalidades tampoco pueden cruzarse de brazos.
La campaña iniciada por el Concejo de Lima para cerrar establecimientos de fachada no debe ser flor de un día. Es más, debería aplicarse en otros distritos donde se han detectado núcleos de prostitución de menores. Finalmente, los ciudadanos deben contribuir: ¡Denuncie la existencia de cualquier local dudoso! ¡Salvemos la vida de muchos jóvenes!