La actuación eficaz de las instituciones gubernamentales con el fin de velar por el bienestar de los periodistas y, por ende, de la libertad de expresión e información en el país, demandó este miércoles 6 la congresista María Pérez Tello (PPC-APP).
“La implementación de los estándares del sistema interamericano sobre acceso a la información y la mejora de prácticas nacionales en materia de prevención, protección y lucha contra la impunidad de crímenes contra periodistas, aunada a la gestión de adecuadas políticas públicas, podrán evitar que se mine la democracia”, expresó la parlamentaria en la mesa de trabajo ‘Libertad de expresión y derecho a la verdad’, que organizó su despacho congresal.
Pérez Tello acusó la falta de observación y análisis de la sociedad peruana ante los avisos emitidos en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del pasado año y los mensajes de asociaciones periodísticas nacionales.
“Si evaluamos el capítulo referido a Perú podremos percatarnos que en aquellas regiones con mayor índice de hostigamiento a periodistas, en la actualidad, sus autoridades regionales se encuentran investigadas por corrupción. Ello evidencia que, claramente, como Estado, no atendimos las alertas nacionales e internacionales”, manifestó.
En el evento participó también el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, José Ávila Herrera, quien señaló que su institución llevará a cabo el Plan Nacional de Derechos Humanos y el sistema de seguimiento legal de las recomendaciones emitidas por instancias internacionales.
“El Plan es una herramienta política y social que permitirá que el Estado desarrolle sus lineamientos basados en derechos fundamentales, mientras que el software de seguimiento de recomendaciones posibilitará la interrelación de todas las instituciones y, a su vez, facilitará su evaluación y ejecución”, precisó.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, indicó la falta de una coordinación y planificación adecuada entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Dijo que no se ha logrado consolidar un subsistema con las características necesarias de especialización, dedicación exclusiva, recursos y personal suficientes.
“Se debe garantizar un sistema descentralizado de investigación y juzgamiento de violaciones de derechos humanos, asegurar la atención de pedidos de información por parte del Ministerio de Defensa y gestionar la implementación de las medidas necesarias para asegurar que la Policía Judicial ejecute los mandatos de detención”, subrayó.
Situaciones de riesgo
La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, Zuliana Laimez, destacó que el Perú tiene la mayor tasa de agresión física contra profesionales de la información por parte de funcionarios en América Latina. “Tenemos que empezar a proteger competentemente a nuestros periodistas ante situaciones de riesgo como la persecución jurídica, amenazas, agresiones o polarización velada”, acotó.
Asimismo, demandó que durante la cobertura informativa de los asesinatos a periodistas no se descarte ni se evite la referencia como “consecuencia de su quehacer profesional”, ya que, según comentó, significa “matar” su labor y diligencia informativa.
A la mesa de trabajo también asistió Margarita Patiño, viuda del periodista asesinado en Ayacucho en 1988, Hugo Bustíos Saavedra, quien relató su doloroso camino en la búsqueda de la verdad. “Mi familia y yo, bajo el imperio de la ley, exigimos justicia y todas las garantías para que el asesinato de mi esposo quede totalmente esclarecido y no archivado”, dijo.
Agradeció al Congreso por darle la oportunidad de exponer su caso. “Exhorto a que sigan vigilantes de las violaciones de Derechos Humanos para que no queden impunes y sean voz de quienes aclamamos justicia”, manifestó. Por último, motivó a los periodistas a continuar con la tarea de informar de manera veraz y oportuna por el bien del país.