En el marco de su mandato constitucional de defensa de los derechos fundamentales y constitucionales de las personas y de la comunidad, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, presentó el Plan de Trabajo Anticorrupción que funcionará a cargo de su institución y al equipo de trabajo.
Esa nueva línea de trabajo defensorial busca contribuir al proceso de fortalecimiento de la actuación del Estado en la lucha contra la corrupción para incrementar el respeto a los derechos fundamentales, promover la articulación Estado―Sociedad Civil en la lucha contra ese flagelo y generar recomendaciones sobre el diseño e implementación de políticas públicas contra la corrupción.
Para la Defensoría del Pueblo, el fenómeno de la corrupción no es solamente un problema de transacciones económicas al margen de la ley. Lo grave es que constituyen actuaciones que vulneran derechos ciudadanos, convirtiéndose en una práctica que se realiza con frecuencia en el espacio cotidiano de las personas, llegando a provocar tolerancia y habituación frente a su incidencia.
«La corrupción es uno de los mecanismos más intensos y eficaces de vulneración de derechos fundamentales. Detrás de cada acto o tipología de corrupción, encontramos no solamente el incumplimiento de alguna obligación legal o uso desviado o abusivo del poder, sino esencialmente la negación a miles de personas del acceso a una serie de servicios esenciales que el Estado tiene la obligación de satisfacer», sostuvo Beatriz Merino.
El Equipo Anticorrupción de la Defensoría del Pueblo incluye en su plan de trabajo la sistematización de la información sobre prácticas de corrupción en la vida cotidiana de las personas, y la promoción de redes de prevención de la corrupción en espacios locales para el ejercicio de la denuncia de actos de corrupción.