AMAZONÍA. Durante más de siete años, la comunidad Shipibo-Konibo de Santa Clara de Uchunya en la región Ucayali del Perú viene luchando por proteger y reclamar sus tierras frente a la creciente deforestación, la expansión de la palma aceitera y los ataques y la violencia. Ahora, nueva evidencia muestra cómo el aceite de palma producido en sus tierras tradicionales sin su consentimiento está siendo comercializado por una de las empresas agrícolas más grandes del mundo.
Más de cinco años después de que la comunidad presentara una demanda de amparo exigiendo la restitución, titulación y remediación de sus tierras tradicionales, el Tribunal Constitucional del Perú aún debe emitir una decisión sobre el caso de la comunidad. Mientras tanto, la empresa de aceite de palma que actualmente opera la plantación, Ocho Sur P, ha consolidado su control sobre el territorio de la comunidad. Cientos de colonos han entrado y continúan deforestando las tierras de la comunidad, con la destrucción del bosque cubriendo un área tres veces el tamaño de las Islas Bermudas. El regulador ambiental de Perú, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), continúa investigando a Ocho Sur P por daños ambientales, y las audiencias relacionadas con las multas récord de varios millones de dólares que OEFA ordenó a la empresa de aceite de palma pagar en diciembre de 2020 aún están en curso.
En los últimos años, el grupo Ocho Sur, que ahora es el segundo mayor productor de aceite de palma del Perú, construyó un molino de $20 millones de dólares para procesar su palma. La planta es operada por Servicios Agrarios de Pucallpa SAC, parte del grupo Ocho Sur. La lista H1 2020 Trazabilidad de la palma hasta el molino de LDC muestra cómo, a partir de 2020, Servicios Agrarios de Pucallpa suministraba aceite de palma a las operaciones comerciales de LDC en Singapur.
Miguel Guimaraes, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU), a la que pertenece Santa Clara de Uchunya, dijo: «El aceite de palma que viene comprando Louis Dreyfus Company de Ocho Sur a través de su molino Servicios Agrarios de Pucallpa es fruto del despojo de los territorios indígenas y las violaciones de nuestros derechos humanos. Si LDC está comprometido con la «producción sostenible de palma aceitera», entonces no debe comprar palma de una plantación como la que opera Ocho Sur.”
Al mismo tiempo que LDC estaba adquiriendo este aceite de palma asociado con la deforestación y las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Amazonía, la comunidad Santa Clara de Uchunya y las organizaciones indígenas y de derechos humanos denunciaban públicamente cómo Ocho Sur P continuaba sus operaciones mientras la pandemia de COVID-19 sacudía a las comunidades urbanas y rurales de Ucayali, exponiendo a las comunidades y a los trabajadores a mayores riesgos. En la actualidad, un fiscal penal local está investigando estas denuncias contra Ocho Sur P. Documentos obtenidos posteriormente a través de solicitudes de información por Forest Peoples Programme muestran que ni Ocho Sur P ni Servicios Agrarios de Pucallpa habían obtenido los permisos necesarios para seguir operando, a pesar de sus declaraciones públicas que argumentaban lo contrario.
Santa Clara de Uchunya ha presentado previamente una serie de quejas ante la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés) contra molineros y empresas de bienes de consumo por comprar aceite de palma de la plantación de Ocho Sur P. La RSPO condenó la plantación en 2016 cuando era operada por su dueño anterior, Plantaciones de Pucallpa. En su decisión más reciente emitida en febrero de 2021, la RSPO sostuvo que la planta de transformación peruana de aceite de palma OLPESA no debe comprar ni procesar palma de aceite de Ocho Sur. LDC también es miembro de la RSPO desde 2012.
“Por su parte la RSPO debe exigir a las empresas cumplir con los acuerdos basados en respetar los derechos de los pueblos de vivir en un ambiente de paz, ya que esta empresa lo que ha hecho es contribuir en la destrucción de nuestra madre tierra y nuestros recursos que son nuestra única fuente de vida,” añadió Guimaraes.
En una evaluación reciente para su Agribusiness Scorecard actualizado, Oxfam otorgó a LDC solo un 10,4% por su desempeño en una serie de indicadores relacionados con las mujeres, los derechos a la tierra, el clima, los pequeños productores y la transparencia y la rendición de cuentas.
Las empresas del grupo Ocho Sur, incluidas Ocho Sur P, Ocho Sur U y Servicios Agrarios de Pucallpa SAC, son propiedad de Peruvian Palm Holdings Ltd, con sede en el paraíso fiscal offshore de Bermudas, y han recibido inversiones internacionales lideradas por el grupo Anholt. Anholt Services (USA) Inc., con sede en Connecticut, ha invertido en el desarrollo de la plantación de Ucayali desde 2012. Anholt Services es propiedad total de Anholt Investments Ltd, una empresa con sede en Bermudas, y es una filial de propiedad absoluta de Kattegat Trust, también registrada en Bermudas. Ocho Sur también ha recibido inversiones de capital privado de Amerra Capital Management LLC, con sede en Nueva York.
Un artículo reciente publicado en Perú por Convoca llamó la atención sobre el hecho de que el 11 de mayo de 2021, Peruvian Palm Holdings redujo su capital social emitido en un 99,9%. Según el director general de Peruvian Palm Holdings, Michael Spoor, esto se debió a la decisión de la empresa y sus prestamistas de convertir parte de su deuda pendiente en acciones para hacer su estructura de capital “más sostenible, en vista de un próximo vencimiento de un préstamo.”
Sin embargo, los asesores legales de la comunidad, el Instituto de Defensa Legal, han expresado su preocupación de que esto podría indicar un posible intento de transferir la propiedad de las plantaciones de Peruvian Palm Holdings en Ucayali (como sucedió anteriormente en 2016 cuando las plantaciones se vendieron a través de una subasta organizada apresuradamente). Las plantaciones se encuentran actualmente en un fideicomiso administrado por Scotiabank Perú S.A.A. a la que el grupo Ocho Sur y Peruvian Palm Holdings transfirieron sus propiedades en agosto de 2018. Scotiabank manifiesta tener serios compromisos sociales y también en la lucha contra el cambio climático, aunque este fideicomiso podría ser un intento de crear una barrera adicional detrás de la cual esconder las tierras que Santa Clara de Uchunya está luchando para ser restituidas por el Tribunal Constitucional del Perú, quedando así la deforestación y las violaciones a los derechos humanos en impunidad.
Fuente: Forest People Programme.
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