Coca y minería ilegal destruyen zonas de amortiguamiento

Diversos especialistas en el tema ambiental coincidieron en señalar que no existe una acción efectiva del Estado para enfrenar el crecimiento de los cultivos de coca ilegal en zonas de amortiguamiento y reservas nacionales.

El biólogo Sandro Chávez, ex Decano Nacional del Colegio de Biólogos del Perú, lamentó que la minería informal y los cultivos de coca en zonas reservadas sigan creciendo ante la pasividad del Estado que no hace nada en concreto para detener la destrucción del ecosistema.

“En los últimos ocho o diez años se sabe que la coca ilegal se viene sembrando en zonas de amortiguamiento. Hasta en zonas aledañas al Parque Nacional de Machu Picchu se ha detectado cultivos de coca para el narcotráfico”, señaló a INFOREGIÓN.

El experto explicó que la coca y la minería ilegal, al ser actividades contaminantes, implican la tala de árboles en sitios que son santuarios de la biodiversidad. Allí se pierden muchas más hectáreas de las calculadas, pues viene el sembrado de productos del pan llevar. Todo ello conduce a una deforestación paulatina.

Asimismo, el cultivo de coca tiene en su proceso de control de plagas mucha demanda de agroquímicos que contaminan el suelo y en general el medio ambiente. Luego, al ser cosechada, van a pozas de maceración que usan químicos como el ácido sulfúrico y kerosene, que se vierten a los ríos.

BAHUAJA SONENE

Por su parte, César Ipenza, denunció que los insumos químicos utilizados para la minería ilegal y el narcotráfico en el Parque Nacional Bahuaja Sonene afectan seriamente al equilibrio biológico del espacio natural.

Asmismo, el abogado detalló que con estas actividades ilícitas también se afecta a las poblaciones que dependen directamente de los recursos del parque.

“Cuando hablamos de narcotráfico o de la elaboración y procesamiento de la hoja de coca estamos hablando del uso de insumos químicos riesgosos para el ambiente. También cuando estamos hablando de minería ilegal nos referimos al uso de insumos como el mercurio que afectan no solamente al ecosistema, sino también a la población que depende de los recursos que provee el parque”, manifestó.

Ipenza explicó que las poblaciones afectadas por la propagación de estos insumos químicos no se circunscriben a la población que vive cerca al lugar contaminado. También se ven afectadas las poblaciones que utilizan el agua de los ríos cuyos orígenes se encuentran en Bahuaja Sonene, tales como el río Malinowski y el río Tambopata.

“Los  procesos de contaminación a las fuentes de agua afecta a la gente que usa río abajo el recurso hídrico. Toda esta situación no solo se refleja en el parque, los efectos se aprecian también  a lo largo de la cuenca; sufren las poblaciones que usan el agua en la parte baja (de la región)”, añadió.

FALTA DE PROTECCIÓN

Finalmente, el abogado ambientalista Carlos Soria, refirió que el Estado no protege adecuadamente el Parque Nacional Bahuaja Sonene. El parque está ubicado en parte de las provincias de Tambopata (Madre de Dios), así como Carabaya y Sandia (Puno).

Soria comentó que el Estado peruano no cuenta con un plan de acción integral para luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal y el cultivo de hoja de coca que se realiza en Bahuaja Sonene.

“Se requiere un combate al uso ilegal de la actividad forestal, la actividad minera, la coca. La autoridad no ha diseñado todavía el ordenamiento territorial, menos aún la acción contra actividades ilícitas. Hay fiscalías ambientales que en general carecen de conocimiento especializado. Hacen un gran esfuerzo, se capacitan, se forman, salen al campo pero carecen de recursos como laboratorios toxicológicos, avionetas, helicópteros y equipos para recoger evidencia y procesarla, además de castigar el delito”, comentó.

En este sentido, Soria enfatizó que es fundamental que el Estado elabore una alianza para que diversas instituciones aborden el problema desde sus competencias.

“Se requiere una acción integrada entre el Servicio de Áreas Protegidas, la Fiscalía, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, el Servicio Forestal que tiene competencias sobre el bosque, y el Ministerio de Energía y Minas”, declaró.