En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Amnistía Internacional denuncia la inacción de las autoridades para eliminar de raíz este problema sistémico que vulnera a diario los derechos de millones de mujeres en el Perú.
El feminicidio, la expresión más grave de la violencia de género, no da tregua. Según cifras oficiales, desde el 1 de enero al 17 de noviembre de este año se han registrado 132 feminicidios, un incremento con respecto a los 127 casos registrados en el mismo periodo de 2020.
Interponer una denuncia por violencia de género sigue siendo un procedimiento engorroso para las mujeres en el país, pero aun cuando la denuncia es concretada, falla el Estado en ofrecer atención y protección integral a las víctimas.
Es el caso de Joys Stefani Qqueccaño Huamani (24), quien denunció a su expareja por intento de feminicidio en setiembre de 2020, en Sicuani, Cusco. Sin medidas de protección concretas y efectivas, fue asesinada por él unos días después.
La violencia machista se expresa también en la desaparición de mujeres. Entre enero y octubre de este año 10 792 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en el Perú, cifra que representa el 65% del total de personas que desaparecen. Lo más alarmante es que la mayoría son niñas y adolescentes, de entre 12 y 17 años.
El vía crucis que deben enfrentar las familias desde que intentan interponer una denuncia por desaparición, hasta el proceso para acceder a la justicia, da cuenta de la violencia institucional estructural, caracterizada por el machismo, la discriminación y la inoperatividad, lo cual revictimiza a las víctimas.
“La tolerancia a la violencia machista debe ser cero. Instamos al Gobierno a fortalecer políticas para la prevención y eliminación de todas las violencias hacia las mujeres, pero también para atender a las víctimas y protegerlas de sus agresores de manera inmediata, antes de que se convierta en un feminicidio más y en una mujer que ve truncado su proyecto de vida”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.
Las mujeres refugiadas y migrantes se encuentran entre los grupos más vulnerables a la violencia de género en el Perú. Amnistía Internacional ha verificado que el hecho de encontrarse en situación irregular en el país, o en algunos casos, con solicitudes de asilo pendientes, incrementa su vulnerabilidad a la violencia machista.
“Pese a ser un grupo altamente vulnerable a la trata con fines de explotación sexual o laboral, no vemos protocolos específicos para atender la violencia machista que sufren mujeres refugiadas y migrantes en nuestro país. Es fundamental que las autoridades garanticen que puedan acceder a la justicia y a servicios de protección y apoyo, independientemente de su condición migratoria”, sostuvo Navarro.
El Estado peruano debe garantizar los derechos de las mujeres a vivir libres de violencias y en igualdad, incrementando los recursos para erradicar la impunidad, mejorar las investigaciones, e impulsar cambios en los patrones sociales y culturales que contribuyan a erradicar esta violencia sistémica de los derechos humanos.