Caretas. La próxima semana, concretamente el martes 18, arrancará el proceso de instrucción penal del más grande caso de lavado de activos de la historia peruana. La primera diligencia de este megajuicio histórico, a cargo del juez supranacional Omar Pimentel Calle, se iniciará con el interrogatorio a los miembros de la familia Sánchez Paredes, acusados a nivel fiscal y policial de lavado de dinero del narcotráfico.
El viernes 7, Pimentel decidió abrir proceso penal contra siete personas y ocho empresas por este delito, penado hasta con 25 años de prisión. Los procesados son los hermanos Manuel, Orlando y Wilmer Sánchez Paredes; los hermanos Fidel y Miguel Sánchez Alayo, hijos de Manuel, así como también Blanca Sánchez Príncipe, hija del asesinado Perciles Sánchez, y Belisario Esteves Ostolaza, socio de los Sánchez Paredes y ex viceministro de Comercio del primer gobierno aprista.
Entre las personas jurídicas comprendidas en este juicio figuran Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa) y Minera San Simón, rankeadas en el top 5 de las empresas auríferas más grandes del país, según el Banco de Crédito del Perú.
Es la primera vez en la historia judicial del país que un magistrado acepta la tesis del Ministerio Público y abre proceso contra una persona jurídica en calidad de “agente pasivo del delito”. Esto posibilitará que, al final del juicio y en caso de que se pruebe el cargo de lavado de dinero, la reparación civil sea multimillonaria.
“Yo dudaba del juez, pero ha demostrado valentía”, dijo a CARETAS el fiscal Chávez. Pero no todos comparten esta apreciación. Autoridades antidrogas mostraron su preocupación por el auto apertorio de instrucción elaborado por Pimentel.
En dicho documento, obtenido por CARETAS, Pimentel ordena la comparecencia restringida de los procesados, su impedimento de salida del país y les impone reglas de conducta que incluyen firmar mensualmente un libro de control en el juzgado. Sin embargo, no dictamina la detención preventiva de los acusados, como sí ocurrió con el ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez, en el 2008 (CARETAS 2049).
En su auto apertorio, Pimentel explica que no ordenó la detención de los Sánchez Paredes porque “éstos se han sometido a lo largo de casi tres años a la investigación preliminar, habiendo comparecido oportunamente ante los requerimientos del fiscal; cuentan con domicilio y actividades conocidas, además de un arraigo comercial y empresarial, lo que desvanece la eventualidad de una fuga”.
El fiscal Chávez dice estar de acuerdo con este fallo: “En el caso Valdez, la Policía me informó de que éste podía fugar y por eso solicité su detención. Pero con los Sánchez no hubo informe de inteligencia policial alertando de una posible fuga”, aseguró. “Además, ellos (los Sánchez Paredes) asistieron puntualmente a todas las diligencias y no obstruyeron la investigación fiscal. Eso hay que tomarlo en cuenta”.
La Lista Blanca
Pero hay otros cuestionamientos. Pimentel ordenó “la inhibición y prohibición para enajenar o gravar” de 40 propiedades de los procesados (17 corresponden a Orlando, 6 a Manuel, 3 a Fortunato, 4 a Fidel, 3 a Miguel, 3 a Blanca y 3 a Minera San Simón). La medida no implica el embargo preventivo de los inmuebles, como lo había solicitado la Policía. Impide que los acusados vendan o traspasen sus bienes.
Ahora bien, en esta lista de lavandería hay omisiones graves. Comarsa es una de las 8 empresas procesadas, pero Pimentel no ordenó el embargo de sus propiedades.
Tampoco han sido considerados los bienes que, según Sunat, registran Ganadera San Simón, Empresas NAG San Simón, San Simón Equipos y Señor de los Milagros. No se hace observación sobre las minas en Ancash y La Libertad e incluso la casa de Manuel Sánchez, en Las Casuarinas, tampoco ha sido sujeta a medida judicial alguna.
Estas omisiones, sin duda, benefician a los procesados. Por ejemplo, la propiedad de Prolongación Primavera 567/571, en Chacarilla del Estanque, de San Simón Equipos, no fue considerada en la lista de Pimentel y ahora ya está en venta.
El magistrado ha determinado también que se realicen nuevos peritajes contables y financieros a todo el patrimonio de los procesados y ha solicitado los testimonios de 35 personas en calidad de testigos, entre los que figuran los narcotraficantes Lucio Tijero, Jorge Chávez Montoya, ‘Polaco’ y Jorge López Paredes, todos ellos presos.
Inteligencia policial ha detectado que un coronel de la propia Policía, cuya identidad mantenemos en reserva hasta que se profundicen las investigaciones, ha visitado ya a estos tres reos en cárcel ofreciéndoles montos económicos considerables para que declaren en favor de los procesados. Algunos de los investigadores del caso temen que el juez Pimentel otorgue peso a las versiones de estos reclusos y no a los expedientes oficiales de los casos “Rancho Luna” y “Miami”, que documentaron fehacientemente el delito precedente de narcotráfico en la megainvestigación policial.
Pimentel está bajo la lupa desde que CARETAS 2125 revelara sus preocupantes conexiones con el abogado Alex Olivera, asesor legal de San Simón. Esta revista alertó también que el magistrado había concedido a los abogados de los acusados un singular informe oral previo a la emisión de su auto apertorio, pese a que el Código Penal lo prohíbe. Ahora que el proceso arrancó las miradas siguen puestas en él.
“Lo importante es que ya se abrió instrucción”, sostiene el fiscal Chávez. “El juez ha recogido todas las tesis del Ministerio Público y eso es destacable. Pese a las amenazas nos hemos jugado el todo por el todo y aquí estamos sin temerle a nadie”.
Es cierto. El caso Sánchez Paredes es probablemente uno de los más complejos de la historia peruana y precisamente por ello requiere de autoridades honestas dispuestas a enfrentarse a las presiones y cortejos del crimen organizado.
El patriarca Perciles Sánchez Paredes fue procesado por narcotráfico en 1984 y, luego de un controvertido juicio, fue absuelto por la Corte Suprema en 1988. Tres años después fue asesinado en Trujillo. Algunos de sus hermanos también fueron investigados, pero hasta ahora la familia ha logrado salir bien librada de los procesos judiciales. Con el tiempo multiplicaron sus millones y extendieron sus negocios por todo el país hasta que, en el 2008, el presidente Alan García anunció el inicio de la megainvestigación al clan trujillano. Ahora, una década después del caso Perciles, el Poder Judicial vuelve a ponerse a prueba.