El ministro de Justicia, Víctor García Toma, señaló que quienes se oponen a la formalización de la minería son personas vinculadas de alguna manera con delitos como el narcotráfico, trata de blancas o explotación infantil.
Durante una entrevista radial, García Toma sostuvo que las medidas que ha adoptado el gobierno en relación a la dramática situación que se vive a raíz de la minería informal de Madre de Dios están plenamente justificadas desde el punto de vista político, social y económico.
«La adopción de medidas legales como la declaración del estado de emergencia y la presentación de siete habeas corpus preventivos, en lugares aledaños a las zonas de emergencia para impedir la propagación de esta situación de violencia, tienen plena justificación jurídica», manifestó.
En otro momento, precisó que el problema central es que hay un segmento de la población que entiende que la única manera, cuando no hay fundamento para protestar, es agravar la protesta a través de la violencia.
«En consecuencia la toma de carreteras no solo es una forma de chantaje y una forma de imposición para un diálogo sobre bases precarias, sino además es una forma de presión política. La violencia de parte de este grupo no hace sino reproducir una manifestación antidemocrática que todos tenemos que combatir y rechazar», afirmó.
El titular de Justicia insistió en afirmar que los que se oponen a la formalización de la minería son personas vinculadas de alguna manera con el delito.
«En el caso de los trabajadores mineros son doblemente víctimas de un sistema de explotación, donde incluso hay explotación infantil, trata de blancas, evasión de impuestos, daño a la salud. Es en esa perspectiva que los beneficiarios de este dispositivo no entienden que justamente la medida está dirigida a promover mejores condiciones de trabajo. La segunda mentira es promover estos actos de violencia que están dirigidos a favorecer intereses que están vinculados claramente con el narcotráfico, la evasión de impuestos y empresarios inescrupulosos», enfatizó.