El candidato a la alcaldía de Lima por el partido Alianza para el Progreso, Luis Iberico, señaló que no debemos permitir que el narcotráfico logre hacerse de espacios de poder infiltrándose en partidos políticos que participen y eventualmente ganen en las próximas elecciones de noviembre en que se elegirán alcaldes distritales y provinciales, así como presidentes de los gobiernos regionales.
En conversación con el programa radial Diálogo Ciudadano, que emite INFOREGIÓN los fines de semana, el también ex congresista recordó que el narcotráfico es un grupo de poder que busca espacios de control en el gobierno, por lo que consideró importante que los partidos políticos suscriban en pocas semanas un pacto o compromiso ético para evitar la infiltración del crimen organizado en la vida política del país.
Agregó que de suceder esto la corrupción crecería en el Perú, y – con ella – el nivel de violencia y el daño a la niñez y juventud de nuestro país. «Narcotráfico y corrupción van de la mano y el narcotráfico, que hoy nos puede dar unos centavos, mañana nos roba el futuro, nuestra juventud y la vida, porque ahí donde hay narcotráfico, hay asesinatos, hay muerte, hay destrucción», opinó.
«No nos pongamos nunca en manos de ese tipo de opciones. El narcotráfico es nefasto y es un mal que tenemos que erradicar si pensamos un poco en nuestros jóvenes y en nuestros niños», reclamó el político.
Grupos políticos infiltrados deberían ser declarados ilegales
En otro momento, Iberico Núñez dijo que los grupos políticos en donde se verifique la existencia de infiltración por parte del narcotráfico deberían ser declarados en ilegalidad, tal como se puede hacer en el caso de que tengan relación con violaciones a los derechos humanos sobre la base del artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos.
Precisamente, comentó que su grupo político promueve la aplicación de este artículo a todas las agrupaciones fujimoristas, basado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que ratífico la sentencia contra el ex presidente Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad.
«Yo no coincido con quienes señalan que este artículo es solo para organizaciones terroristas. Es para todos aquellos que afectan la vida humana y la institucionalidad el estado de derecho. Si esto lo entendemos con firmeza, tenemos que ver la manera de aplicarlo a esas organizaciones», puntualizó.