PERÚ. El Punto Nacional de Contacto (PNC) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), cuya función es promover y supervisar la implementación de las Directrices para Empresas Multinacionales en los países miembros de dicha entidad; admitió a trámite, ayer 4 de setiembre, la denuncia presentada por las organizaciones indígenas de la Amazonía peruana en contra de Louis Dreyfus Company B.V. (LDC). Esta empresa, con sede en los Países Bajos, comercializa y procesa productos agrícolas.
De este modo, el PNC de la OCDE de los Países Bajos determinó que la denuncia contra LDC, acusada de adquirir aceite de palma de áreas deforestadas de manera ilegal, merece mayor consideración y, en consecuencia, ha ofrecido sus servicios de mediación a las partes involucradas. Según la denuncia, la empresa holandesa ha comprado aceite de palma crudo a Servicios Agrarios de Pucallpa SAC, la planta extractora del Grupo Ocho Sur. A la fecha, dichas plantaciones continúan operando sin certificaciones ambientales.
Las plantaciones de aceite de palma, administradas por el Grupo Ocho Sur, se encuentran vinculadas a la deforestación de más de 12 000 hectáreas de bosques primarios, y a la violación de derechos humanos de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya y del pueblo Shipibo-Konibo. Además, están involucradas en casos de corrupción y apropiación de tierras, en contravención de normas nacionales e internacionales.
«La compañía ha estado contaminando y limitando la seguridad alimentaria de la comunidad por un buen tiempo. Estamos luchando hace mucho tiempo en Perú sin obtener justicia y seguiremos luchando en los Países Bajos», manifestó Graciela Reátegui, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau).
Tras una evaluación del caso, el PNC señaló que “el trámite de esta notificación puede contribuir al logro de los objetivos de las Directrices y mejorar su eficacia, en el sentido que puede ayudar a clarificar, bajo las Directrices de la OCDE, las responsabilidades de los comerciantes de productos básicos que se proveen de aceite de palma en Perú, por los supuestos impactos negativos que tiene su cadena de suministro, directa o indirecta, sobre los derechos humanos y el medio ambiente.”
Adicionalmente, esta entidad de la OCDE reconoció que la denuncia contiene información extensa y hace referencia a una amplia variedad de reportes de organizaciones internacionales y ONGs sobre los impactos negativos a los derechos humanos y el medio ambiente relacionados con la industria de palma aceitera en Perú y el rol de LDC como un gran comercializador de productos básicos que se abastece de aceite de palma.
Cabe destacar que las y los líderes indígenas de Feconau y de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) cuentan con el apoyo de una coalición de ONGs peruanas e internacionales con amplia experiencia en temas de deforestación ilegal y cambio climático, derechos de los pueblos indígenas y responsabilidad empresarial. Entre estas organizaciones están: Forest Peoples Programme, el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Instituto de Estudios Forestales y Ambientales – Kené; la Agencia de Investigación Ambiental (EIA – Environmental Investigation Agency), y el Center for Climate Crime Analysis (CCCA).
La coalición solicitó al PNC que aborde el impacto urgente, grave e irreparable que está sufriendo la Amazonía peruana a causa del daño empresarial. Asimismo, busca demostrar el preponderante rol de Louis Dreyfus Company B.V. y otros grandes comercializadores de commodities en el mercado mundial de productos agrícolas para promover el real cumplimiento de las normas de sostenibilidad.