Al conmemorarse el Día Internacional de los Bosques, la Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de que el Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios y organismos adscritos, establezca una mejor articulación con el Ministerio Público, en este caso a través de las fiscalías especializadas en materia ambiental, de crimen organizado y de tráfico ilícito de drogas, así como con los gobiernos regionales; que permita establecer una estrategia integral dirigida a erradicar las organizaciones criminales que impulsan la deforestación en la Amazonía peruana.
Como se sabe, los bosques amazónicos peruanos albergan una de las mayores muestras de biodiversidad del planeta, además de ejercer un rol vital en la captura de uno de los principales gases de efecto invernadero que causa el cambio climático. Por lo tanto, su conservación resulta fundamental debido a que, de acuerdo al último informe del Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC), el Perú sería uno de los países más impactados por este fenómeno, que se traduciría en incendios forestales, inundaciones y sequias de gran magnitud.
Pese a ello, actualmente estas importantes áreas se ven afectadas por la tala ilegal y otras actividades ilícitas como el narcotráfico y tráfico de tierras, así como prácticas agropecuarias informales, cultivos agroindustriales sin instrumentos de gestión ambiental, construcción ilegal de carreteras, y minería ilegal, que constituyen las causas principales de la deforestación. Debido a estos factores, según cifras del Ministerio del Ambiente, en los últimos 20 años el Perú ha perdido más de 2.6 millones de hectáreas de bosques, que equivalen a la suma de la superficie del Callao, Ica y Tumbes. Además, durante el 2020, se alcanzó la cifra récord de 203 000 hectáreas deforestadas, que equivalen a más de 15 veces la superficie del Callao, pese a las medidas de inmovilización que rigieron con motivo de la pandemia.
Para la Defensoría del Pueblo, la deforestación de los bosques amazónicos peruanos no solo genera un grave impacto en la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, también impacta en los derechos de los pueblos indígenas, cuya identidad y vida dependen de sus recursos. Al respecto, debe advertirse que en los dos últimos años las organizaciones criminales han sido vinculadas a las amenazas y ataques contra diversas comunidades nativas y líderes indígenas, así como a los crímenes de 11 personas defensoras del ambiente y/o de los territorios indígenas.
Al respecto, la adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, señaló que a esta situación debe agregarse que el Congreso de la República, así como algunas instancias del Poder Ejecutivo y algunos gobiernos regionales vienen promoviendo proyectos de infraestructura vial sin una evaluación previa sobre su viabilidad ambiental y social.
La representante de la Defensoría del Pueblo se refirió así a las iniciativas legislativas impulsadas desde el Congreso de la República que proponen declarar de interés nacional la construcción de vías multimodales y terrestres entre las ciudades amazónicas del Perú y Brasil; o las adoptadas desde el Poder Ejecutivo, como la reciente Declaración Presidencial Conjunta entre los gobiernos de Perú y Brasil, en la que se acordó el próximo inicio de las negociaciones para el establecimiento de un corredor multimodal entre las ciudades amazónicas de dichos países. En ambos casos, la Defensoría del Pueblo ha insistido en reiteradas oportunidades que las iniciativas o medidas que promueva el Estado deben ser el resultado de un análisis objetivo, técnico y de respeto de los derechos humanos que respondan al legítimo interés de promover el bienestar de la población, en especial de los pueblos indígenas.
Esta situación resulta aún más grave cuando además de lo señalado, los proyectos viales se ejecutan sin certificación ambiental ni autorización de desbosque, como en el caso de la carretera Jenaro Herrera – Colonia Angamos, en la región Loreto, ante la cual la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al Gobierno Regional de Loreto detener su construcción, informó la Defensoría del Pueblo.
“En el Día Internacional de los Bosques, reiteramos la necesidad de que el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales, el Congreso y el Ministerio Público, a través de las fiscalías especializadas en Materia Ambiental, contra la Criminalidad Organizada y en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, actúen de manera articulada y eficiente para reducir la deforestación, y las actividades ilícitas asociadas a la misma, como la tala ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras”, precisó Vásquez.