Más de 100 organizaciones indígenas e instituciones aliadas de la sociedad civil solicitan al Congreso de la República la convocatoria a una sesión plenaria dedicada a los pueblos y el ambiente.
Demandan que el Congreso no le falle otra vez a los pueblos originarios y el ambiente. En consecuencia, que se convoque a una sesión plenaria para debatir y aprobar iniciativas legislativas pendientes.
A pocas semanas de cumplirse doscientos años de la independencia del Perú y en medio de una grave crisis piden que la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces convoquen al pleno en el mes de mayo.
Afirman que han estado vigilantes que el Congreso legisle en beneficio de los pueblos originarios y el ambiente, que es la casa común que nos alberga a todos y todas.
Observan que a pocos meses de finalizar el actual periodo legislativo y no obstante haberse aprobado decenas de dictámenes ninguno de ellos ha sido debatido y menos aprobado en el Pleno.
Por ejemplo, desde hace más de diez meses está el dictamen que aprueba el P.L. 4044 que modifica la ley 28736 para proteger a los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI).
Dicha iniciativa establece salvaguardas para garantizar la vida e integridad de las poblaciones más vulnerables del país y «no hay excusa para no debatirlo y que el Estado cumpla con sus obligaciones».
También está el dictamen de los P. L. 336 y 389, Ley marco sobre monitoreo y vigilancia ambiental, para fortalecer la labor de los defensores ambientales.
Sin embargo, de manera inexplicable, la Junta de Portavoces no la ha querido agendar en el Pleno a pesar que existen líderes indígenas muertos y amenazados por defender sus territorios y derechos.
De la misma manera, existen dictámenes positivos para reconocer la obligación de proteger a la naturaleza, proteger las cuencas hidrográficas y aprobar la consulta previa legislativa, entre otros.
Es un paquete de iniciativas que ha costado consensuar y aprobar en comisiones y que están esperando que este Congreso – que ya está de salida, en el mes de julio– los agende, debata y apruebe.
La carta abierta está suscrita por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y sus organizaciones regionales, por la Plataforma Puinamud y la organización de mujeres Onamiap.
También por el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW); la red TICCA, Latinoamérica territorios de Vida; la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC PERÚ).
Además, por la Confederación Nacional Agraria (CNA); la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Federación Departamental de Comunidades Campesinas de Cusco, y organizaciones afroperuanas y ambientalistas.
La carta abierta cuenta con adhesiones de institucionales nacionales e internacionales como el Grupo de Trabajo de los Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI); la Iniciativa Cuencas Sagradas; Oxfam; Tierra Activa Perú y Viernes por el Futuro Perú, entre muchas otras.
Fuente: Servindi