El consultor de la Comisión Internacional para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, CICAD/OEA, Michel Dibán, destacó los avances de la legislación peruana contra el lavado de activos procedentes del narcotráfico pues dijo que la normativa nacional es muy importante y de avanzada para enfrentar a esta ilegal actividad.
Explicó, en ese sentido, que el Perú es un ejemplo para muchos países que carecen de un marco legal que permita enfrentar a este tipo de actividades ilícitas vinculadas al tráfico de estupefacientes.
“Tienen una legislación de lavado de dinero que contempla la mayoría de las recomendaciones y acuerdos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas del año 2000 que refiere y compromete a los estados a ampliar los delitos fuentes del lavado dinero”, manifestó.
Mencionó que países como Honduras y Panamá, se encuentran analizando la posibilidad de aplicar el modelo peruano, puesto que con el “se cierra el círculo contra los bienes mal habidos de las organizaciones criminales”.
“Perú es uno de los poquísimos países en el mundo, junto con Colombia, que tiene una ley de extinción (pérdida) de dominio, que da una solución distinta a los bienes de fuente ilícita, o ilegítima”, declaró.
Dibán resaltó además que el Perú cuenta con una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que, a pesar de su reciente creación, ya está generando informes para la investigación de las fiscalías.
Agregó que nuestro país tiene “prácticamente cumplida”, desde el punto de vista legislativo, varias recomendaciones internacionales como el informar sobre ciertas operaciones encubiertas, entre otras.
Dijo que además se cuenta con funcionarios “altamente calificados” y con las capacidades para poder investigar y “comprobar legítimamente” estos delitos, sin afectar las garantías constitucionales.
Sobre la lentitud de las investigaciones relacionadas al lavado de dinero y activos, el experto puso como ejemplo a España, y dijo que durante los primeros 10 años de implementadas las leyes contra el lavado de activos, se logró de 30 a 40 condenas, pero que hoy generan 50 sentencias al año.
“Es un proceso lento pero hay que procurar apurar los juicios y capacitar a los fiscales o a quienes participan en esta labor, para que existan más condenas por este tipo de delitos”, sentenció.