Un proceso de fiscalización se ejecutará en la Región Áncash en caso el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratifique a Waldo Ríos como máxima autoridad de esa jurisdicción regional elegida por voluntad popular, anunció el coordinador del Grupo de Trabajo de Evaluación y Seguimiento del uso del Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones de la Comisión de Presupuesto, Agustín Molina Martínez (NGP).
Señaló que las inspecciones fiscalizadoras se ejecutan en todas las instituciones del Estado, sin distinción alguna, pero, anotó, su grupo de trabajo pondrá especial énfasis en el control en la región ancashina porque Ríos ha pagado un millón de soles de reparación civil al Estado para acceder al alto cargo regional y no se sabe nada de las fuentes de financiamiento que le facilitaron el dinero.
Anotó que se tiene que obrar con cautela y suspicacia teniendo en cuenta que Áncash es una de las regiones que más dinero recibe por concepto de canon, sobrecanon y regalías de parte del sector minero y, además, porque esa región fue saqueada en los últimos años por personas corruptas que buscaron el enriquecimiento personal sin tener en cuenta al pueblo ancashino sumido en la pobreza, por eso están en la cárcel, remarcó el congresista.
“Todas las regiones están sobreaviso: la corrupción no pasará. Los presupuestos se utilizan para los fines que se han asignado, es decir, para la educación, salud y para la inclusión social de los pueblos campesinos y nativos del Perú”, expresó.
Beneficios para el pueblo
Estas aseveraciones las hizo después de concluir la Audiencia Pública que organizó su despacho en torno al Seguimiento del uso del canon y sobrecanon, que se realizó en la sala Raúl Porras Barrenechea, en la cual expusieron los economistas Paul Amoreti Ísmodes y Walter Sánchez Sánchez, de los ministerios de Economía y Energía y Minas, respectivamente.
Molina, en su exposición, sostuvo que es necesario dar a conocer normas de inversión en las localidades que reciben canon y sobrecanon, como es el caso del distrito de Echarate (Cusco), San Marcos (Áncash) y Cajamarca, que reciben anualmente más de mil millones de soles de canon y sobrecanon, pero cuyas autoridades no saben ‘gerenciar’ sus ingresos y muchas veces cometen delitos financieros y hasta penales.
“Trataremos de impedir que las partidas presupuestales por concepto de canon y sobrecanon sean invertidos en obras comunitarias, de saneamiento en el sector educación, salud, y en los programas de apoyo social. No permitiremos que dichos monto se destinen a campañas electorales y a otros fines. Trabajaremos cercanamente con la Contraloría General de la República, Fiscalía de la Nación, ministerio del Interior para poner coto a las inmoralidades”, agregó.
Amoreti y Sánchez coincidieron en sostener que los ingresos por canon y sobrecanon deben ser utilizados en la ejecución de proyectos de inversión pública que promuevan el desarrollo regional, tal como lo estipula la Ley General de Presupuesto y otras normas como, por ejemplo, el Decreto de Urgencia 079 que señala que la inversión pública y el gasto social se cumplirán a través de los núcleos ejecutores que hay en las comunidades campesinas y nativas.