La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (DAR) presentó un completo estudio sobre la propiedad comunal y la agrobiodiversidad en el Perú, en el cual analiza la importancia del derecho de propiedad sobre la tierra, sus usos, aprovechamiento y el impacto de las políticas en la conservación de la agrobiodiversidad, entre otros temas.
“El estudio intenta descifrar, en primer término, la importancia que la propiedad comunal y la organización comunal tienen para el uso y la conservación de la agrobiodiversidad. Seguidamente se identifica cuál es el discurso predominante que rige la regulación de la propiedad y se detalla el marco normativo y las estrategias estatales de intervención en relación con la propiedad y la organización comunal”, se lee en la presentación del documento.
El informe, publicado en el Cuaderno de Investigación No.5, observa cómo los cambios en la legislación estatal pueden tener efectos en las normas consuetudinarias de manejo de los derechos sobre la tierra y como “las relaciones de poder existentes y las negociaciones que puedan darse entre los distintos grupos de actores que compiten por el uso de los recursos también serán de gran importancia en la práctica. En este sentido, la interferencia del Estado se puede manifestar tanto en la regulación de la tenencia de la propiedad y del acceso a los recursos como en la capacidad de negociación de los distintos agentes económicos”.
Isabel Lapeña analiza la forma en que el Estado “infuye como un agente externo que interfiere no sólo en el régimen de propiedad, sino también en la capacidad de los actores. Así, con el fin de fomentar esta privatización de los recursos, se interviene mediante la fractura de las propiedades colectivas y el quiebre de las relaciones de reciprocidad y confianza que se desarrollan dentro de las comunidades, en lugar de actuar a favor del empoderamiento y del fortalecimiento de la red social dentro de estas (Forni, 2000)”.
“En claro antagonismo con el sector agro exportador, los productores con destino al mercado interno son el sector postergado por las políticas públicas y, particularmente, las familias de pequeños agricultores que son el sustento de la seguridad alimentaria del país. El resultado inmediato es el estancamiento de la economía campesina que abastece a los mercados locales y regionales, que no sólo no se incorpora al paquete de incentivos del Estado sino que, además, queda acorralada por las sucesivas políticas públicas reguladoras de los recursos naturales de los que es dependiente” manifiesta en la publicación.
Y agrega “el resultado es la perpetuación de la pobreza rural. A pesar del auge económico que vive el país en los últimos años, en el ámbito rural sigue existiendo un 60 por ciento de pobres y un 28 por ciento de pobres extremos (frente al 12 por ciento de no pobres)”. El texto completo puede leerse en http://www.actualidadambiental.pe
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