Zuliana Lainez: «Lo que se está afectando es el derecho a la información de la ciudadanía»

La aprobación de parte del Consejo de Ministros de un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal no solo afectará a la labor periodística, sino también al derecho a la información de la ciudadanía, consideró Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), en entrevista que sostuvo con INFOREGIÓN. Si bien es cierto el anuncio de esa decisión fue hecho por el premier Aníbal Torres el pasado 24 de junio, ya el ministro de Justicia, Félix Chero, anticipó hace unos días la naturaleza de ese proyecto.

«Lamentablemente quien más se va a ver afectado con este tipo de marco normativo es el derecho a la información de la ciudadanía. Por eso no debería ser una causa que despierte protesta entre las organizaciones del sector, entre periodistas, sino que otros tipos de organizaciones en los que se encuentra nucleada la sociedad civil también deberían estar alertas ante este tipo de iniciativas pues la falta de transparencia hace daño a la institucionalidad democrática», advirtió Lainez.

Consideró que «al criminalizar a las fuentes, así sea el tema de filtraciones a nivel de quienes forman parte del sistema judicial, hay una afectación directa a la actividad periodística, pues qué fuente va a querer dar información si sabe que esta actividad esta penalizada. Para nosotros es una regresión clara porque la información de normatividad jurídica en la región cuando se trata con delitos que involucran a funcionarios públicos, generalmente lo que se tiene es mayor apertura; la transparencia».

Lainez lamentó que con esta iniciativa del Consejo de Ministros a lo que se abona es al «secretismo». Por ello este proyecto de ley afecta «de manera directa» a la labor periodística; sobre todo en un país como el Perú en el que «el periodismo de investigación ha tenido un papel descollante en revelar temas de corrupción a través de las fuentes que los periodistas protegemos a través del secreto profesional que ha permitido poner el ojo ciudadano en los grandes temas de corrupción del país».

Hay una sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo

La iniciativa formulada por el Consejo de Ministros será enviada al Congreso de la República para su análisis, instancia a la que también Lainez formuló sus reparos, pues la ANP ha detectado «una sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo en este tema». Recordó que en febrero pasado la Comisión de Justicia del Parlamento, presidida por Gladys Echaíz, aprobó un dictamen que penalizaba la difusión hecha por quienes divulgaban testimonios de quienes se acogían a la colaboración eficaz. Por ello, Lainez expresó su temor de que al ingresar el proyecto de ley del Consejo de Ministros al Legislativo lo más probable es que recaiga en esa comisión que ya trabajó el dictamen mencionado que fuera aprobado por unanimidad.

Ante las protestas formuladas por la decisión de la comisión mencionada, Lainez recordó que Echaíz anunció que si el dictamen afectara al periodismo sería enmendado, pero ello no ha sucedido, y aún no fue discutido en el Pleno. «Lo más lógico es que terminemos en un proceso de acumulación de estos dos proyectos legislando ambos por la misma naturaleza, que es la penalización de la difusión de testimonios de colaboradores eficacez. Y esto nos hace intuir que el sentido de la votación del Parlamento va ir por la aprobación», alertó. Una vez aprobado en el Legislativo no será observado por el Ejecutivo, pues la iniciativa partió de allí, anotó.

Seguidamente, Lainez precisó que una vez que se conozca plenamente el contenido del proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros «tocará evaluar desde varias de nuestras instituciones si es que la aprobación del Pleno de una iniciativa de esta naturaleza da para presentar un recurso de inconstitucionalidad. El panorama es bastante gris porque la sintonía (…) entre Ejecutivo y Legislativo es plena: quieren penalizar la difusión de este tipo de contenidos informativos».

Pronunciamiento de la ANP

El pasado 25 de junio la gravedad de este asunto mereció de parte de la ANP la divulgación de un pronunciamiento que seguidamente compartimos: