La ministra de Justicia, María Zavala, demandó que los presidentes regionales analicen bien las normas elaboradas por el Poder Ejecutivo, en el marco de la delegación de facultades, antes de criticar los dispositivos que sancionan a los funcionarios públicos que acaten huelgas.
Agregó que las autoridades regionales deben tener presente que la utilización de una huelga para extorsionar al Gobierno Central será sancionado si el objetivo de la protesta es la obtención indebida de ventajas o para terceros.
La titular de Justicia indicó que ninguna de las normas ha sido calificada como «inconstitucional», aunque reconoció que existen «reacciones» contrarias a esta legislación por aplicar sanciones más severas.
«Ya existían principios y ahora se desarrollan en las normas. Por ejemplo, el artículo 42 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho de sindicación y huelga de los servidores públicos, pero no están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargo de confianza y de dirección», subrayó.
Zavala puso en relieve que el conjunto de 11 normas desarrollen diversas figuras que permitan la lucha eficaz contra la delincuencia, como la extorsión, el narcoterrorismo, la venta de drogas como el terokal y éxtasis, la flagrancia, la planificación de delitos desde la cárcel, la pérdida de dominio, entre otros