El mes pasado, el Sistema de Información de Lucha Contra las Drogas (Siscod), a cargo de Devida, publicó el reporte de monitoreo correspondiente al 2021 sobre la superficie con arbusto de hoja de coca en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Zonas de Amortiguamiento (ZA). El informe registró que la presencia de cultivos de coca en estos lugares continúa en aumento, poniendo en riesgo los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Las comunidades asháninkas de la cuenca del Ene se encuentran entre las más afectadas.
Del 2018 al 2021, los territorios registrados con hoja de coca para fines ilícitos superaron las 12 mil hectáreas en los bosques tropicales, pues, el 71% se concentra en el Parque Nacional Cordillera Azul, la Reserva Comunal Asháninka, la Reserva Comunal El Sira y el Parque Nacional Bahuaja Sonene. Este último lugar se posiciona como el mayor en número de cultivos con 5.748 hectáreas identificadas.
Además, solo en el distrito de Inambari, en la provincia de Tambopata, región Madre de Dios, se han calculado 5.212 hectáreas, seguido de la Reserva Comunal Asháninka, con un total de 1.220 ha., de las cuales 903 se encuentran el distrito de Río Tambo en Satipo, región Junín.
Según Devida, en el 2020, se registró en el país un total de 9.989 superficies cultivadas, de las cuales 6.745 se encontraron en territorio de comunidades nativas, afectando especialmente a los pueblos Ticuna, Kichwa, Kakataibo y Asháninka. En este último, los cultivos de hoja de coca alcanzaron la cifra de 2000 hectáreas.
Cabe añadir que, para ese mismo año, se estimó que al menos el 92% de la producción estimada de hoja de coca estaría destinada al narcotráfico, mientras que el consumo tradicional o industrial fue del 8%. Al 2021, de acuerdo a Devida, se estima que la producción de cocaína habría alcanzado las 869 toneladas.
Muchas demandas, pocas respuestas
Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), reveló a Inforegión que actualmente las comunidades Catungo Quimpiri, Paveni, Sirotiari, Quimaropitari y Meantari, colindantes a la frontera de la región Cusco, viven en permanente situación de vulnerabilidad debido a que se encuentran en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka.
Cabe recordar que, CARE es una organización indígena que agrupa a unas 19 comunidades de dicha etnia y a 33 anexos, ubicados en los distritos juninenses de Pangoa, Río Tambo, Mazamari y Vizcatán, situados en el ámbito del Vraem.
“Las comunidades que están en la zona de amortiguamiento sirven de ruta de los mochileros que transportan la droga. Eso es lo que se ha visto muchas veces. Hay personas externas que están dentro de esa reserva comunal, de los riachuelos, están bajando botellas, sandalias, bolsas. Presumimos que hay personas que están viviendo allí que no son del lugar ”, asegura Pedro Valerio.
Por ejemplo, solo en Catungo Quimpiri se detectaron unas 107 hectáreas de cultivos. La situación ha provocado que Clementina Shinquireri Quispe, jefa de la comunidad nativa, viva bajo constantes amenazas de muerte de parte de quienes se dedican a esta actividad ilícita. Esto pese a que, en octubre de 2021 solicitó protección al Estado por medio del Mecanismo Intersectorial, que brinda el Ministerio de Justicia para garantizar la vida de los defensores de derechos humanos y ambientales.
“El Estado hasta ahora no está solucionando los problemas. No ha cambiado nada, la siguen hostigando por el tema de invasión y sembradores de hoja de coca, a pesar que lo hemos dicho incluso por los medios de comunicación. La hermana Clementina, primera mujer en el pueblo Asháninka, está enfrentando este problema, tratando de sacar adelante a su pueblo, pero sin el apoyo de nuestro gobierno”, expresa con preocupación el presidente de CARE.
“Nuestra función como organización es defender los derechos colectivos que tienen nuestros hermanos, entre ellos, está el tema del territorio, pero también hay que defender la integridad de nuestros hermanos”, agrega.
Por otro lado, con el objetivo de contrarrestar el desarrollo de los cultivos de hoja de coca ilegal en estas zonas, Devida ha trabajado para promover iniciativas sostenibles a favor de los pueblos originarios de la zona norte del Vraem. No obstante, si bien estas han contribuido en impulsar proyectos agrícolas relacionados al cultivo de cacao y café, Pedro Valerio opina que aún falta mucho por hacer.
“La apuesta de Devida de trabajar con nosotros directamente está dando resultados, pero si no van a intensificar la intervención, fortalecimiento y acompañamiento a nuestros hermanos agricultores es imposible que podamos competir con la coca, porque es abismal, cuesta mucho más. Por eso, tenemos que trabajar también con el Ministerio de Agricultura. Tienen que aportar para que nuestros hermanos tengan la oportunidad de vender sus granos a buen precio”, explica.
En ese sentido, el presidente de CARE exhortó al organismo nacional a acelerar la contratación de profesionales en el tema del cacao y café, recursos que permiten el desarrollo de las comunidades, así como la asistencia para fortalecer a sus cooperativas y asociaciones.
Ausencia de soluciones eficientes maximiza riesgos
Al respecto, Sandro Chávez, biólogo peruano y exjefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), alertó a través de Inforegión, sobre la falta de una estrategia para enfrentar la problemática de los cultivos de coca ilegal.
“Ante la ausencia de una estrategia clara y conjunta para enfrentar la problemática de la coca ilegal en áreas protegidas y otras actividades ilícitas, como la tala, minería ilegal y agricultura migratoria, está provocando que (invasores) ingresen al área natural sin ningún tipo de restricción”, alerta el especialista.
En cuanto a las barreras para gestionar dicha estrategia, el exjefe del Sernanp recomendó que es fundamental que el organismo técnico del Estado trabaje de manera coordinada con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), autoridades locales y los pueblos indígenas.
“Así podríamos empezar a liberar estas zonas de cualquier tipo de economía ilegal y proponer un desarrollo de actividades sostenibles que garanticen que esas zonas de amortiguamiento cumplan su rol, de los contrario lo más probable es que va a seguir sucediendo lo que pasa ahora”, alerta Chávez.
Al igual que el presidente de CARE, Chávez también expresó su preocupación frente a la situación actual que enfrentan los pueblos originarios en el país debido al impacto de las economías ilícitas ambientales.
“Muchos de ellos están viendo cómo penetran los productores de coca a sus zonas y hay una preocupación, porque invaden sus territorios y se ven totalmente sin posibilidad de denunciar, porque cuando ellos hacen la denuncia los amenazan. La situación es muy complicada”, afirma Chávez.
Asimismo, el especialista en temas de medio ambiente señala que establecer un plan de protección en zonas de amortiguamiento es fundamental para trabajar en la disminución de la producción de hoja de coca ilegal, ya que el impacto de las actividades que se realizan para producirla terminan impactando en las Áreas Naturales Protegidas (ANP).
“Un área natural protegida tiene dos elementos centrales. Uno, la zona núcleo, la que tiene un conjunto de elementos que impiden hacer ciertas actividades y lo que está alrededor, que se llama la zona de amortiguamiento, un lugar que se supone tiene que amortiguar una actividad que pretenda afectar la zona núcleo, y lamentablemente eso no está pasando por las actividades ilícitas”, explica Chávez.
Respecto a ello, según el reporte actualizado de Devida (2021) se evidencia que en las zonas de amortiguamiento, los cultivos de hoja de coca ocupan 12 436 hectáreas.
Los comentarios están cerrados.