El gobierno sigue perdido en el Vrae. Ahora vuelven a hablar de la necesidad de realizar obras, apoyo social y otras divagaciones, como condición para derrotar a los remanentes de Sendero Luminoso. Pero ninguna autoridad, ni mando militar habla de un problema concreto que es uno de los principales obstáculos para el éxito, la corrupción en las fuerzas del orden.
Confusión general
Ahora existe un extraordinario consenso en el error respecto a la estrategia seguida en el Vrae. Desde los militares hasta la extrema izquierda, pasando por todos los colores del espectro político, se repite la necia monserga que para derrotar al terrorismo en el Vrae se requiere de obras.
El flamante ministro del Interior, el general EP (r) Wilver Calle lo expresó así: “Va a haber una mayor inclusión social en el Vrae, vamos a asistir de tal manera que se pueda desarrollar el aspecto vial, los sembríos alternativos, la implementación de los medios educativos, igualmente el problema de las postas médicas” (15.5.12).
El congresista izquierdista Javier Diez Canseco coincide totalmente: “Este no es solo un tema militar, el tema militar solo significa el 20 por ciento, pero el 80 por ciento de la estrategia tiene que ver con lo político, lo social y lo económico, llevar el Estado al Vrae, desarrollar cultivos alternativos”. (Andina, 13.5.12).
Se han quedado fosilizados en la década de 1980 cuando Sendero era distinto y la manera de combatirlo era diferente. Hoy día es un grupo relativamente pequeño, doscientos o poco más, ubicados en un área geográfica determinada, que viven del narcotráfico y otras actividades ilegales.
Ninguna obra social que se haga en el Vrae los disuadirá de persistir en sus acciones criminales, ni cambiará su relación con la población, gran parte de la cual también está vinculada directa o indirectamente a la economía del narcotráfico. (Ver esta columna: “Capturarlos o abatirlos” 25.9.11, “¿Cambio en el Vrae?”, 25.12.11).
Pero los militares y políticos parecen ser completamente impermeables a lo que muestra la realidad.
En el Alto Huallaga, un grupo de policías experimentados y capaces, con poquísimos recursos, desarticuló totalmente a la banda de “Artemio” entre el 2006 y 2012. Sin grandes planes sociales, ni obras faraónicas, ni carreteras, ni hospitales, ni escuelas. Todo eso por supuesto que hay que hacerlo en el Vrae, en el Alto Huallaga y en muchos lugares del Perú, pero no tiene que ver con la aniquilación de los remanentes terroristas.
Corrupción galopante
Lo grave es que mientras los funcionarios del gobierno, desde el presidente de la república a los mandos militares y policiales, siguen hablando vaguedades sobre la inclusión social, nadie dice nada sobre los asuntos concretos que sí tienen una enorme incidencia en la política antisubversiva.
Cuando los oficiales se roban la plata del rancho o les entregan raciones en mal estado a los soldados, los hambrientos militares salen a buscarse el alimento donde sea. Y lo encuentran en las chacras o viviendas de los campesinos. Eso, por supuesto, produce irritación, odio, rencor. ¿Alguna autoridad ha hecho algo al respecto? ¿Por lo menos han dicho algo? Nada de nada.
El involucramiento de los militares con el narcotráfico sigue avanzando. Desde la venta del kerosene de los helicópteros para fabricar pasta básica de cocaína hasta el cobro de cupos.
Ya existe una nefasta experiencia de lo que ocurrió en el Alto Huallaga en la década de 1990. Hay también una amplia experiencia internacional de la cual se puede aprender. Hace muy poco se descubrió a tres generales del Ejército mexicano que trabajaban para el narcotráfico.
En esos casos se requieren controles especiales y una estricta vigilancia. ¿Las autoridades políticas o las Fuerzas Armadas han hecho o dicho algo de eso? Nada de nada.
La corrupción mina la moral y desvía los recursos y las energías a otros intereses, que no son los de combatir con eficiencia al terrorismo.
Vendiéndole al enemigo
Por si fuera poco, existen serias denuncias de ventas de armas y municiones de las Fuerzas Armadas a los senderistas. Hace poco el periodista ayacuchano Pedro Yaranga lo dijo claramente: “La misma gente del Ejército le vende municiones a Sendero”. Y precisó que no se trata de un simple sargento, sino que “esto es corrupción más arriba”. (El Comercio, 21.5.12).
La información no es nueva. La República publicó hace años un reportaje con las versiones de dos desertores: “Senderistas del Vrae compran armas a integrantes del Ejército”, donde se precisa que les venden fusiles, granadas y municiones. (2.11.09).
Hace poco se descubrió que fusiles de la Fuerza Aérea Peruana terminaron en manos de las FARC colombianas:
“Más de mil armas declaradas en desuso por la Fuerza Aérea Peruana habrían sido vendidas a la guerrilla colombiana”. (La República, 22.5.12).
¿Alguien ha escuchado hablar a los funcionarios del gobierno o los mandos militares de estos asuntos? ¿Han hecho algo al respecto?
No, ellos no se ocupan de pequeñeces, hablan de los grandes temas, de la inclusión social y de la presencia del Estado en el Vrae.
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