Piense por un momento en el área que ocupa Miraflores. Ahora, multiplíquela por 155. ¿Grande, no? Bueno, le cuento que todos los años en el Perú se depreda una superficie de bosques de ese tamaño, en su mayoría por la agricultura migratoria. Esto supone una terrible destrucción de la biodiversidad y de un recurso que contribuye a reducir el calentamiento global. Pero, además, la consiguiente desertificación restringe la cantidad de agua disponible en el país, lo que a su vez es fruto de múltiples conflictos sociales.
Ahora, si usted cree que ese desastre ecológico es el principal problema que enfrenta la selva, aguante un rato porque hay más: en las áreas rurales 46% de su población es pobre.
Pero, ojo, ahí no acaba la cosa. En la Amazonía se encuentran tres de las fuerzas que suponen mayores riesgos para la seguridad nacional. Me refiero al terrorismo, a la minería ilegal y al narcotráfico (siendo estos dos últimos tan exitosos que llegan a exportar al año alrededor de US$ 1,800 millones y US$ 1,200 millones, respectivamente). Y, como si toda esta delincuencia fuera poca, esta región concentra la mayor cantidad de casos de trata de personas.
Por supuesto, todos estos problemas no son pura mala suerte. Más bien, tienen su origen en que la Amazonía es tierra de nadie, lo que la convierte en un paraíso de las actividades ilegales y en una zona donde muy pocos invierten.
¿Cómo arrancar de las garras del crimen y la miseria a la Amazonía? Bueno, pues habría que empezar por llevar a ella otras opciones de desarrollo que permitan el progreso de la zona mediante un aprovechamiento sostenible y renovable de sus recursos.
Lo natural sería impulsar un programa de concesiones forestales. Después de todo, luego de Brasil, el Perú es el segundo país con mayor potencial forestal de América Latina y existen 17 millones de hectáreas de bosque disponibles para este fin (fuera de las 13 millones de hectáreas reservadas para comunidades nativas y de las 33 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas).
Según Erik Fisher, presidente del Comité Forestal de ÁDEX, la explotación de esas 17 millones de hectáreas (bajo estándares internacionales que aseguren su sostenibilidad) permitiría una producción anual de materia prima por un valor de US$ 5,100 millones y que se podría multiplicar varias veces si se le diera valor agregado. Y, además, posibilitaría la creación de alrededor de 850.000 empleos para trabajadores poco calificados. El potencial es tan grande que podríamos empezar a pensar en llamarnos “Perú, país forestal” y no solo “Perú, país minero”.
Lamentablemente, la entrega de concesiones forestales viene avanzando a la velocidad de un tanque a pedales. Desde 2004, el Estado prácticamente no ha entregado ninguna de ellas. Esto ha llevado a que en 2011 nuestras exportaciones forestales solo llegasen a US$ 470 millones mientras que Chile (con tan solo 2,5 hectáreas disponibles para esta industria y sin un solo centímetro de Amazonía) exporta cerca de US$ 6,000 millones en este tipo de productos.
Esto sucede por ineficiencia y por falta de decisión política. Pero también porque nunca falta quien cree que toda la selva debe mantenerse virgen, olvidando que esa virginidad, hoy envuelta en pobreza, es profanada a diario por el terrorismo, el narcotráfico y la minería ilegal.