La violencia contra las mujeres es un problema mundial que traspasa las fronteras, no distingue edad, niveles educativos ni grupos socio-económicos. La falta de reconocimiento, aceptación y denuncia de este fenómeno, dificulta su análisis, al mismo tiempo que oculta su magnitud.
Carmen Saavedra Saldívar, jefa de Unidad Departamental del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF–Cuauhtémoc), en entrevista para Noticias Aliadas, señala que la violencia contra las mujeres es parte del sistema patriarcal en el que vivimos, de la desigualdad entre hombres y mujeres.
En México, con el fin de conocer y entender para posteriormente atender la violencia contra
las mujeres, desde el 2003 se realiza la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), cuyo objetivo en su primera versión fue dimensionar, caracterizar y conocer la prevalencia de la violencia de pareja. Posteriormente, en el 2006 la perspectiva fue más amplia: conocer la frecuencia y magnitud de la violencia al interior de los hogares y la dinámica de las relaciones de pareja, además de identificar la discriminación, agresión y violencia padecida en distintos ámbitos (escolar, laboral y social-comunitario).
Finalmente, la tercera edición de la ENDIREH en el 2011, buscó dar continuidad y actualizar la información obtenida en los levantamientos previos.
La ENDIREH2011 dejó ver que en México cuatro de cada 10 mujeres (42.4%) han sido objeto de violencia emocional (las han humillado, menospreciado, encerrado, vigilado, amenazado, etc.); asimismo, 13.5% de las mujeres en México ha sufrido violencia física por parte de su pareja (las han golpeado, amarrado, pateado, tratado de ahorcar o asfixiar, o agredido con un arma), mientras que el 7.3% de las mujeres mexicanas han padecido violencia sexual al ser obligadas por sus propias parejas a tener relaciones sexuales.
Diversos tipos de violencia
La violencia contra las mujeres y los feminicidios, nacen, crecen y se extienden en un complejo entorno social, exigiendo así que los tres niveles de gobierno en México (federal, estatal y municipal) emprendan acciones que garanticen el derecho a la vida de las mujeres, pero que al mismo tiempo permitan recuperar el tejido social arrebatado. En este sentido, Saavedra explica que además de los seis tipos específicos de violencia —física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial y contra los derechos reproductivos—, especificados en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se ha tipificado una última, la violencia feminicida, considerando esto, como un logro de las mujeres en lucha y organizadas.
De acuerdo al estudio “Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, 1985-2010”, se registraron en el periodo de análisis 36,606 muertes de mujeres con presunción de homicidio, de las cuales, 2,335 acaecieron en el 2010, lo que significó que, en promedio, ocurrieron en ese año 6.4 defunciones femeninas con presunción de homicidio cada día, esto pese a que desde el 2007 se había publicado la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo objetivo, entre otros, es establecer la coordinación entre el nivel federal, los estados y municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, al mismo tiempo que favorece su desarrollo y bienestar.
Se necesita más que un marco jurídico para erradicar la violencia de género. Así, desde la sociedad civil, con el fin de monitorear y exigir rendición de cuentas a instituciones encargadas de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y el feminicidio, se creaen el 2007 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), una alianza formada por 49 organizaciones de derechos humanos y de mujeres en 21 entidades federativas, que a través de notas hemerográficas, partes policiales, denuncias, reportes estadísticos, entre otros, registra, investiga y documenta los asesinatos de mujeres que permita construir patrones que contribuyan a la clasificación del feminicidio, además de emprender acciones de denuncia.
Es importante señalar que actualmente en México, a excepción de Chihuahua, 31 de las 32 entidades federativas han tipificado el feminicidio en sus códigos penales; pese a que dicho estado fronterizo se ha mantenido dentro de los estados con mayor número de defunciones femeninas con presunción de homicidio, alcanzando los valores más altos en 2001, 2002 y nuevamente en 2008, 2009 y 2010 cuando registró 567 asesinatos, lo equivalente a casi una cuarta parte de las defunciones totales de ese año.
Foro Hemisférico Belém do Pará+20
En el marco del 20º aniversario de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer —adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994 y ratificada por México el 19 de junio de 1998, y cuyos propósitos son proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas—, se llevó a cabo el 14 y 15 de mayo del 2014 en la ciudad de Pachuca, capital del centro-oriental estado de Hidalgo, el foro hemisférico “Convención de Belém do Pará y la prevención de la violencia contra las mujeres: Buenas prácticas y propuestas a futuro”.
Durante la inauguración del evento, se enlistaron diversos proyectos que se han venido impulsando desde el actual gobierno mexicano, que si bien no son la solución al problema de violencia que viven las mujeres, “es lo mínimo que tenía que hacer el Estado desde hace tiempo para brindar la atención a mujeres que padecen este problema”, como lo indicó José Manuel Azpiroz Bravo, director general adjunto de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, al ejemplificar la implementación de una línea telefónica destinada para orientar y apoyar a aquellas mujeres que padecen este problema.
También, a través de la gubernamental Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se puso en marcha el programa de excarcelación de mujeres indígenas —se han excarcelado a 54 mujeres en el último año—, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el protocolo para juzgar con perspectiva de género, se creó el programa de escrituración de la vivienda a nombre de la mujer y se implementó la capacitación de mujeres indígenas y campesinas en actividades productivas, entre otros.
Durante su intervención, Lorena Cruz, presidenta del gubernamental Instituto Nacional de las Mujeres, indicó que “la violencia, tanto la social como la de género, continúa siendo el impedimento más poderoso para que las mujeres ejerzan sus derechos humanos en América Latina y el Caribe”. Asimismo, apuntó que la violencia contra las mujeres se previene, se atiende y se sanciona no sólo con leyes, sino con sistemas nacionales y estatales específicos, pero dijo no estar satisfecha con lo logrado. “Sabemos que nos falta generar datos duros sobre cada tipo de violencia, porque solamente identificando los tipos de violencia, podemos focalizar políticas adecuadas para el tamaño del desafío”, manifestó.
Escribe: Ana Lilia Esquivel Ayala 28/05/2014
Fuente: Noticias Aliadas