Tan solo en el año 2016, la Amazonía peruana enfrentó 13 derrames petroleros a causa de problemas con el Oleoducto Norperuano. Más de 12 mil barriles de crudo se vertieron a suelo y cuerpos de agua en las regiones de Amazonas y Loreto. Estas emergencias provocaron la reciente visita de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humano, alertados por denuncias de incumplimiento en acciones de remediación y compensación por el desastre ambiental.
La importancia de la Amazonía, sus recursos, sus ecosistemas para el país y el planeta, son incalculables. En tiempos donde, enfrentando el negacionismo, el cambio climático se expresa como una realidad palpable en el Perú, resulta muy grave el atentado a un ecosistema que permite la captura de carbono, responsable de las alteraciones climáticas.
En toda la Amazonía, los pueblos indígenas vienen enfrentando estos escenarios activando sistemas ancestrales de control territorial. La gestión territorial incluye toda actividad que se desarrolla en la comunidad, no solo las económicas, las culturales, la implementación de servicios, etc.
Todas ellas vinculadas entre sí, y siendo discutidas y organizadas a través de la asamblea comunal como espacio fundamental. Este enfoque de gestión territoria refuerza la imagen de la comunidad como unidad, lo que exige desarrollar análisis y estrategias de apoyo incluyendo esta dimensión de integralidad.
Desde siempre, los pueblos indígenas y poblaciones locales vienen realizando labores de vigilancia, la cual se presenta como una estrategia de seguridad territorial, monitoreo ambiental, promotores en salud, guardabosques, entre otros. Esta vigilancia de despliega en zonas remotas de nuestro país, donde muchas veces el Estado no está presente.
Estas actividades de vigilancia han permitido a los pueblos indígenas alertar de forma temprana acerca de los desastres ambientales causados por actividades extractivas, como los derrames de petróleo en la Amazonía. Estos impactos, activan vigilancia en salud y seguridad territorial.
Existen pruebas y evidencias de que la prevención y la alerta temprana ayudan a mitigar los impactos negativos de los desastres ambientales. La vigilancia y monitoreo socio-ambiental indígena ofrecen una alternativa de mejora en diversos ámbitos: tienen el potencial de prevenir conflictos socio-ambientales a través de la instauración de un diálogo directo e institucionalizado entre el Estado y las organizaciones representativas de la población local.
Eso ayudaría a mejorar y fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental aportándole mayor información sobre la realidad del campo y alertando de forma temprana acerca de potenciales desastres ambientales. Al prevenir estos desastres, también se generaría un ahorro importante en términos, por ejemplo, de remediación y salud pública.
Es necesario el reconocimiento de la vigilancia indígena de parte de las autoridades a diferentes escalas, distrital, provincial, regional y nacional. Esto supone una serie de desafíos, como la construcción de una institucionalidad hacia dentro de la organización. Es decir, una estructura interna en cada organización que pueda asumir la elaboración, recojo y sistematización de reportes.
Diseñar o desplegar espacios de incidencia, diálogo e informativos con autoridades, que identifiquen mejores prácticas para acercar los reportes elaborados por las propias organizaciones indígenas. Estructura interna que pueda tener un responsable que remita informes a la institución más importante de las comunidades que son sus asambleas.
El desafío pasa por la dimensión externa, como el reconocimiento oficial de las autoridades, elaboración y aprobación de ordenanzas. Asumir este desafío mejoraría sustancialmente el sistema de gestión ambiental de nuestro país al integrar la información que nos dan los pueblos indígenas, quienes viven en estos territorios donde no llega el Estado. Los sistemas de vigilancia indígena han demostrado ser eficientes, es hora de reconocer estas buenas prácticas.
Otro desafío pasa por la recuperación de la información y las experiencias de control territorial producidas por las organizaciones indígenas. Allí hay muchas respuestas, no solo para articular la vigilancia indígena al Estado, sino para encontrar estrategias que fortalezcan la gestión ambiental, territorial y social del Estado en territorios indígenas.
Desde estas experiencias, organizaciones indígenas han venido construyendo una agenda para el fortalecimiento de la vigilancia:
- Reconocimiento de la vigilancia indígena y sus sistemas de parte de las autoridades locales, regionales y nacionales.
2. Capacitación permanente y diálogo técnico entre organizaciones indígenas y Estado. De esta forma se construiría un protocolo compartido que permita incluir de manera oficial la información de los sistemas de vigilancia indígena en los sistemas de monitoreo del Estado.
3. Base de datos de los sistemas de vigilancia indígena a nivel nacional.
4. Promoción de espacios de intercambio técnico entre sistemas indígenas de vigilancia.
Estos esfuerzos han sido recogidos en el desarrollo y como parte de los logros del proyecto “Fortaleciendo la vigilancia indígena para superar la discriminación a los pueblos indígenas”. En este proyecto, junto a DAR participaron las organizaciones: Organización Regional AIDESEP Ucayali – ORAU; la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca – ACODECOSPAT (Loreto); Consejo Machiguenga del Río Urubamba – COMARU (Cusco); y la Central Asháninka del Río Ene – CARE (Junín), y se contó con el apoyo de la Unión Europea.
Fuente: El Gran Angular