El fiscal David Paye Apaza de la Fiscalía de Prevención del Delito de Tambopata dijo que algunas piscinas de Puerto Maldonado, región Madre de Dios, podrían ser clausuradas por incumplimiento de normas sanitarias poniendo en riesgo la salud pública. Así se expresó tras operativo denominado «Piscinas saludables» en el que participaron funcionarios de la Municipalidad Provincial de Tambopata, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la Diresa, Defensa Civil y la Policía Nacional del Perú.
En la acción se pudo detectar que algunas piscinas no cuentan con autorización sanitaria, no poseen licencia de funcionamiento, no tienen licencia de defensa civil y carecen de inspección técnica de seguridad. Así mismo se comprobó que en su mayoría estos establecimientos no cuentan con certificado de fumigación, carecen de señales de seguridad y luces de emergencia, asimismo no tienen botiquín de primeros auxilios y extintores con carga vigente.
Es necesario mencionar que la mayoría de las piscinas carecen de servicios y comodidades del caso, como por ejemplo la calidad de los servicios higiénicos, el número adecuado de los vestidores para damas y caballeros; así mismo, los fines de semana no respetan la capacidad máxima de personas que ingresan a bañarse, con lo cual se genera el riesgo de contaminación de los usuarios que asisten de forma masiva.
Por su parte, el responsable del laboratorio de microbiología de la unidad de saneamiento básico, recogió muestras de agua para determinar el índice de calificación sanitaria de las piscinas visitadas, cuyo informe será dado a conocer cuando se obtengan dichos resultados. Según el catastro de piscinas en Puerto Maldonado, existen unas 24, las cuales serán visitadas de manera progresiva para verificar el cumplimiento de medidas de seguridad y saneamiento, y así salvaguardar la salud y la integridad de las personas.
Finalmente el representante del Ministerio Público exhortó a los conductores de piscinas en Puerto Maldonado a cumplir con las medidas de seguridad y salubridad, a fin de evitar todo riesgo a los usuarios y a la comunidad en general; así mismo recomendó que levanten las observaciones y atienda las recomendaciones, cuyo incumplimiento traería como consecuencia sanciones administrativas y una denuncia penal.