La fiscal superior penal Luz Ibáñez Carranza sostuvo que el uso de niños por parte de los remanentes terroristas que actúan en el valle de los ríos Apurímac y Ene, VRAE, debe ser sancionado como una violación a los derechos humanos.
Precisó que este tipo de delito “no dejaría de ser sancionado en el tiempo, tendría persecución internacional y, ante el cual, no cabría amnistía, indulto ni concesión”.
“Toda la sociedad tiene que ponerse de pie, incluso la comunidad internacional”, afirmó la representante del Ministerio Público.
Ibáñez recordó que, según informes televisivos, no solamente se recluta a niños de muy corta edad, sino que condenan “a sus propios hijos” a seguir por el camino de la violencia.
“Están logrando que estos niños dejen de jugar, están logrando que abandonen su derecho a la cultura, a tener un futuro diferente, y su derecho a la educación”, subrayó la fiscal.