El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, Devida, Rómulo Pizarro, espera que el Tribunal Constitucional, TC, resuelva «a la brevedad posible» la acción de inconstitucionalidad contra la ordenanza del gobierno regional de Puno que viabiliza la legalización de los cultivos de coca.
Pizarro consideró que el tribunal deberá pronunciarse en sintonía con las resoluciones anteriores emitidas por el Tribunal y que declararon inconstitucionales, y de inmediata derogación, ordenanzas similares emitidas por los gobiernos regionales de Cusco y Huánuco.
«Ya hubo dos casos anteriores en las regiones Huánuco y Cusco y esperamos que bajo el mismo sentido se pronuncie ahora el TC a la brevedad posible», dijo al tiempo que invocó al gobierno regional de Puno a derogar por iniciativa propia la ordenanza sobre la coca y emprender un trabajo conjunto en la lucha contra el narcotráfico.
Asimismo, Pizarro defendió la vigencia de la Ley de Pérdida de Dominio que se debatirás la próxima semana en el Congreso, y señaló que este dispositivo permite que los bienes incautados a los narcotraficantes sean subastados y el dinero pase a formar parte de un fondo para combatir a este flagelo.
«Lo que se hace es convertir los bienes de los narcotraficantes en un dinero que formará parte de un fondo y si son declarados inocentes, se les devolverá” dijo al tiempo de señalar la necesidad de una norma de este tipo debido a los «grandes dineros» que mueve el narcotráfico y que han ocasionado la quiebra de otras legalmente constituidas, han torcido voluntades y propiciado la corrupción.
El funcionario indicó que, actualmente, el Estado debe esperar entre 7 y 10 años a que salga una sentencia por narcotráfico al cabo de los cuales recibe bienes muebles desvalorizados.