La Defensoría del Pueblo demandó al Ministerio del Ambiente (Minam) disponer con urgencia la aprobación o las modificaciones necesarias a la normativa ambiental vigente, a fin de incorporar medidas que garanticen una adecuada y oportuna atención de los impactos sociales que se generen en consecuencia de una emergencia ambiental producto de la ejecución de actividades económicas de riesgo, como las actividades petroleras, mineras, industriales, entre otras, de responsabilidad de empresas públicas o privadas.
Según se explicó la Defensoría, en un documento remitido al Minam, la propuesta busca que los planes de contingencia aplicables a actividades económicas especialmente riesgosas, además de las medidas para proteger el ambiente, contemplen en forma clara y expresa las obligaciones del titular del proyecto para atender a la población afectada, como la ayuda humanitaria y soporte para su subsistencia, sin perjuicio de las compensaciones e indemnizaciones aplicables. Además, la medida permitirá que la entidad de supervisión ambiental pueda supervisar y exigir su cumplimiento.
El pedido se sustenta en los hallazgos advertidos por la Defensoría del Pueblo respecto de la deficiente y tardía provisión de agua, alimentos y atención de salud, así como del soporte para la subsistencia de la población afectada por las contingencias o emergencias ambientales, lo cual debe estar a cargo de las empresas responsables. Un claro ejemplo, es el derrame de más de 12 000 barriles de petróleo en Ventanilla que, a más de un mes de ocurrido el hecho, no se ha cumplido con brindar atención a toda la población afectada por este desastre ambiental, que dependían de las actividades de pesca, turismo, gastronomía y comercio, actualmente suspendidas por el cierre de playas en forma indefinida.
“Hace más de 5 años la institución alertó de esta situación a los ministerios del Ambiente y de Energía y Minas y, pese a ello, no se han atendido las recomendaciones de la institución. Si bien en el 2020 el Ministerio del Ambiente publicó el proyecto de Guía para la elaboración de la Estrategia de Manejo Ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental”, sostuvo la adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez.
Recordó que, en la Amazonía peruana, históricamente y hasta la actualidad, se vienen produciendo diversos derrames de petróleo, muchos de ellos con impactos pendientes de remediación ambiental, y con serias afectaciones a la población aledaña, principalmente indígena, que depende de la naturaleza y su biodiversidad para subsistir. Pese a ello, en estos casos también se detectaron deficiencias en la atención de la población y la falta de mecanismos estatales efectivos para garantizar que las empresas responsables cumplan con esta labor.
La Defensoría anota que, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), solo en el Oleoducto Norperuano, ubicado en la región de Loreto, se atendieron 69 derrames de petróleo entre marzo del 2011 y julio del 2019. Además, durante el año 2020, solo en el ámbito del Lote 192, ocurrieron al menos 19 emergencias ambientales.
Vásquez recordó que la normativa ambiental ya prevé que toda referencia al impacto ambiental comprende los impactos sociales relacionados y que deben implementarse medidas para prevenir, mitigar y compensar estos impactos. Sin embargo, mientras el contenido de los planes de contingencia de los estudios ambientales no contemple expresamente los protocolos o medidas para la atención de la población afectada ante emergencias ambientales, no se podrá garantizar ni supervisar su cumplimiento.
Por este motivo, a través del documento remitido por la Defensoría del Pueblo, se insiste en la urgencia de que el Minam disponga las medidas necesarias para asegurar que la normativa ambiental establezca que los planes de contingencia contemplen en forma clara y expresa las obligaciones del titular del proyecto para atender a la población afectada por las emergencias ambientales.
Además, se plantea elaborar y aprobar una guía específica para la elaboración de los planes de contingencia, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, así como coordinar con otras autoridades competentes para incorporar dichas medidas en sus respectivos reglamentos ambientales, informó la Defensoría del Pueblo.