Ante las quejas recurrentes de personas afectadas por el derrame de petróleo del 15 de enero en las costas de Ventanilla, debido principalmente a la falta de alimentos y de sustento económico, la Defensoría del Pueblo reiteró al Poder Ejecutivo que declare el estado de emergencia en el marco de la Ley nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), a fin de mejorar la intervención estatal en lo relacionado a la entrega de ayuda humanitaria.
El pedido fue hecho tras una reunión multisectorial que fue convocada por la Defensoría del Pueblo para evaluar los avances en las acciones de remediación de la zona afectada y de asistencia a las personas damnificadas. Si bien el gobierno ha establecido una declaratoria de emergencia ambiental, esta medida no es suficiente para atender los impactos sociales.
La Defensoría también alertó que el Poder Ejecutivo no cuenta con información detallada y suficiente sobre las personas afectadas y la ayuda efectivamente recibida por quienes lo necesitan, tras resaltar que hay un evidente retraso en el empadronamiento a las personas afectadas y carencia de una base de datos única para identificar claramente a las personas que necesitan protección y reparación.
La adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, remarcó que la Presidencia del Consejo de Ministros, Indeci y los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, Comercio Exterior y Turismo; y de la Producción, así como las municipalidades y autoridades regionales, deben garantizar que la ayuda humanitaria sea continua, suficiente y se entregue con la debida frecuencia hasta que permanezcan los impactos de la emergencia ambiental, sin perjuicio de las acciones a cargo de la empresa Repsol.
Por su parte, precisó que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social debe dotar de mayores recursos a los comedores y ollas comunes, en coordinación con las municipalidades de las zonas afectadas, con la finalidad de garantizar una adecuada y oportuna atención al incremento de la asistencia alimentaria y la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas que han resultado directa e indirectamente afectadas.
Para la Defensoría del Pueblo, es muy importante que la Dicapi, Oefa y Digesa implementen un registro único de playas contaminadas y peligrosas para la salud debido al derrame. Además, urge que municipalidades informen, controlen e impidan el ingreso de veraneantes a las playas contaminadas, especialmente de familias que acuden con niños y niñas.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo concluyó en la importancia de que la empresa Repsol priorice las acciones de limpieza en áreas como el serpentín de Pasamayo, pues según lo alertado por la institución luego de recoger denuncias de la población a 30 días del derrame y conforme a la información presentada por la Digesa y el Oefa, persiste la presencia de residuos de petróleo en la zona rocosa y las playas de esta parte del litoral, lo que pone en riesgo los avances en la limpieza de las playas contiguas, afectando también los ecosistemas marinos de la zona.
La cita contó con la asistencia de representantes de los ministerios del Ambiente, Energía y Minas, Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Turismo, Producción; y de Desarrollo e Inclusión Social, así como de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Participaron también representantes de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), Autoridad Portuaria Nacional (APN), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), gobiernos regionales de Lima y Callao; y de las municipalidades involucradas. La única entidad ausente fue el Servicio Nacional para la Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), informó la Defensoría.