El desarrollo alternativo es una forma de impulsar la inclusión social e incorporar en el Estado a aquellas personas afectadas por la actividad del narcotráfico, afirmó Flavio Mirella, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
Destacó, por ello, el aumento de la inversión social y de infraestructura que impulsa tanto el Gobierno central, como los concejos ediles y los gobiernos regionales en las zonas donde existe cultivo de hoja de coca ilegal.
“El Estado quiere hacer el desarrollo alternativo porque es parte de la política de inclusión social impulsada por el Gobierno, especialmente de aquellos sectores donde el Estado ha estado ausente y donde el narcotráfico se ha aprovechado”, dijo.
Agregó que todos los esfuerzos desplegados por la autoridad peruana y el sector privado deben dirigirse a reducir las 62 mil 500 hectáreas de cultivos ilegales en el país.
“Lo que es importante es revertir esas cantidades, y esto se revierte a través de políticas sólidas que incluyen medidas de control, de desarrollo alternativo. Por eso se promueven medidas más integrales para que, a nivel local, puedan absorberse y ser compartidas”, dijo.
Para Mirella, lo importante es la generación de una masa crítica de personas y de técnicos sobre la materia, para que no se cometan errores y haya mejores relaciones con las comunidades, promoviendo la presencia del Estado y generando más inversiones.
Como ejemplo mencionó los modelos de desarrollo alternativo en las regiones San Martín y Ucayali, donde productos de alto rendimiento como el cacao, café, palma aceitera, palmito, entre otros, lograron sustituir a los cultivos ilícitos de hoja de coca.
“El desarrollo alternativo es un proceso que no dura uno o dos años, es un proceso de largo plazo, y por eso hay que acompañar a las personas en esta vía lícita (…) Pensamos que el desarrollo alternativo integrado en la política pública del Estado, es un elemento que debe fortalecerse, es un proceso de integración continua”, anotó.
Según cifras de UNODC, con 78 mil hectáreas, los cultivos alternativos en el Perú superaron a las plantaciones de coca, que bordean las 62 mil 500 hectáreas.