Contra todas las leyes peruanas e internacionales, la sensibilidad común de un planeta en las fauces del cambio climático y la voluntad del 80% de la población de la provincia de Purús, un grupo de pobladores de la ciudad de Puerto Esperanza viene construyendo impunemente una trocha que ya lleva 10 km y vulnera la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Purús (RCP), llamada así porque protege a las comunidades nativas colindantes.
Envalentonados por autoridades locales, un religioso desorbitado y un proyecto de ley estancado en el Congreso, los transgresores dirigen la trocha directamente hacia el intangible Parque Nacional Alto Purús (PNAP), entre Ucayali y Madre de Dios. Este es el área natural protegida más extensa del Perú (2’510.694,41 ha) y el mayor santuario natural de caoba del país: uno de los últimos en el mundo de madera preciosa (cedros y chihuahuacos) y de árboles semilleros.
También es una de las redes hídricas más increíbles del planeta en una región del tamaño de El Salvador, donde viven 48 comunidades nativas y se encuentran reservas de indígenas en aislamiento voluntario.
Precisamente, esta semana, estos salieron de manera inesperada de Purús para circundar una comunidad en Tambopata. “Es un tema complejo y estamos evaluando evacuar a los nativos yinés de Monte Salvado, donde fueron invadidos por los mashco piros, que son los no contactados de Purús. Pero no se puede ir por curiosidad, porque podrían ser diezmados con una tos; esto merece un tratamiento especial”, afirma Arsenio Calle, jefe del PNAP. El Estado no puede cometer aquí los errores brutales de la colonización de siglos pasados.
GERMEN DE VIOLENCIA
Así, con toda esta riqueza natural y complejidad social, ¿qué ha suscitado la amenaza ecológica que representa una trocha carrozable en una de las últimas pleuras de la Tierra?
A fines de abril, el Congreso debatió un descabellado proyecto que plantea declarar de necesidad pública la interconexión terrestre entre Puerto Esperanza, en Ucayali, e Iñapari, en Madre de Dios. Y que devastaría la intangibilidad de los últimos bosques vírgenes del mundo. Es dolorosamente cierto que la ciudad más alejada de Ucayali, Puerto Esperanza, vive en condenable pobreza, no existe hospital, la comunicación se efectúa por vuelos civiles y el comercio se da con la ciudad de Santa Rosa, en Brasil, a través del río Purús. Pero el proyecto propuesto por el congresista Carlos Tubino –que primero habló de carretera y luego de vía férrea– era peor que la enfermedad.
Tanto así que los ministerios de Cultura, de Transportes y Comunicaciones y la Defensoría del Pueblo lo condenaron. Y el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, denunció tajante: “Ya el presidente Humala, cuando visitó la zona, señaló que se iba a fortalecer el puente aéreo; pero [en ese proyecto] hay una fuerte presión de extractores de madera”.
Sería demente que prosperara el proyecto de marras, pero sí ha generado grupos embravecidos que quieren construir esta carretera ‘viral’ que cortaría 160 km del parque nacional.
Luego de un sobrevuelo por todo el parque, un equipo de El Comercio comprobó que la trocha informal se ubica en el margen derecho del río La Novia. Una trochita en ese camino existía desde los tiempos del caucho hasta una antigua ruta de cazadores. Pero ahora la han ensanchado, sin utilizar maquinaria, a puro machete, en el área de protección privada de Mabosinfron y en zonas de amortiguamiento. Y ya ha habido incendios, uno de los cuales fue apagado de emergencia por los guardaparques, que son amenazados de muerte.
Los transgresores no pudieron seguir hace unos meses por las perennes lluvias, pero han anunciado que la retomarían la primera semana de julio.
NATIVOS EN CONTRA
El guardaparques Cirilo López pertenece a la etnia Sharanahua y ha debido enfrentar a traficantes ilegales de madera. “Nos muestran sus cartuchos y nos dicen: ‘con carne de guardaparques engordamos a los gallinazos’”. Por eso, tiene miedo que la construcción de cualquier carretera facilite su ingreso y de mineros ilegales y narcos.
Emilio Montes, de la etnia Juni kuin y presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Purús, que agrupa a 3,800 indígenas, ha pedido la intervención de la contraloría y la Defensoría del Pueblo, cuyo representante llegaría en julio. El 20 de junio, en Pucallpa, Montes se reunió con representantes del Ministerio de Defensa, quienes aseguraron que durante la quincena de julio se intensificarán los vuelos civiles diarios. El profesor bilingüe sharanahua, Eduardo del Águila, ha sido testigo del ingreso de narcotraficantes en Purús: “En el 2011 se denunció eso, imagínate si hubiera una carretera”. Ni imaginarlo. (Miguel Ángel Cárdenas)