Peru 21. Ya nada sorprende de un Parlamento que ha tenido ‘comepollos’, ‘robaluz’, ‘mataperros’ y en el cual se han paseado, como si fueran asesores –para efectos de cobrar dinero público en la planilla–, desde empleados fantasma hasta queridas, pasando por empleadas domésticas y todo tipo de parentela.
Así que, en el marco de un estándar parlamentario tan delictivo, para algunos podría parecer un pecado venial que una congresista mienta ya sea en una declaración jurada o ante una comisión investigadora del Congreso. Sin embargo, ese no es el caso ya que es muy grave lo que ha hecho.
En realidad, es muy serio que la congresista Obregón haya sido conviviente de una persona que se encuentra prófuga de la justicia y, al menos, para los servicios de Essalud convivieron hasta el momento en que este fue acusado de narcotráfico, huyendo en ese momento en lugar de ponerse a derecho.
Si consideramos que la potencial influencia del dinero proveniente de la droga –no solo en el movimiento de fachada del narcotráfico como es el cocalero sino en la política peruana en general– es una de las más serias amenazas que enfrentamos en esta campaña electoral, entonces el perdonar o pasar por agua tibia a una congresista que ha mentido sobre su conviviente vinculado al narcotráfico envía un mensaje de tolerancia que es realmente nefasto.
Por otro lado, este caso se suma a una larga lista de investigaciones congresales que nunca llegan a nada. Incluso, cuando analizamos el resultado de las labores de fiscalización uno no tiene la impresión de estar en el Parlamento sino en el piso de un mercado secundario donde se intercambian tres favores en Comunicore por dos servicios en BTR o por hacerse de la vista gorda ante una congresista que ha delinquido.
Más aun, en el Congreso usualmente se apresuran en formar comisiones investigadoras para cualquier cosa, pero luego las dejan convenientemente dormidas hasta el momento en que adquieren un buen valor de intercambio.
Este Parlamento es, posiblemente, el más desprestigiado que hayamos tenido en los últimos veinte años. Por ello, en los doce meses que le quedan hasta el fin de su mandato deberían tratar de recuperar algo de credibilidad ante el electorado sancionando, por lo menos, a los congresistas que están involucrados en actos delictivos y en mentir en una declaración jurada, que es un grave delito.