Actualidad Minera. El pasado 18 de febrero se inició un operativo sin precedentes en Madre de Dios, encabezado por las fuerzas armadas y policiales, con el objetivo de destruir alrededor de veinte dragas que operan en los ríos Inambari y Madre de Dios y que forman parte del proceso de extracción de oro que se desarrolla en esa región.
El operativo se desarrolló al amparo del Decreto de Urgencia 012-2010 que declaró el año pasado de interés nacional ordenar la actividad minera informal y declarar una zona de «exclusión minera aurífera» en esa región.
Luego de la destrucción de las dragas se ha previsto iniciar un proceso de recuperación progresiva de la calidad de las aguas. La Autoridad Nacional del Agua (ANA), dependencia del Ministerio de Agricultura, dictó una serie de medidas destinadas a mejorar la calidad de este recurso en los ríos de Madre de Dios.
Los impactos en ríos y en general en parte de la biodiversidad de esa región son de magnitud como consecuencia de la actividad de la minería informal en la zona.
Una resolución jefatural emitida resolvió no otorgar autorizaciones, ni ejecutar obras, instalar equipos o cualquier otro tipo de actividad destinada a propiciar la minería informal en la zona. Las Administradoras Locales del Agua (ALA) solicitaron el apoyo de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) para el retiro y demolición de las obras que no cuenten con la autorización respectiva.
Por su parte, José Luis Quequejana Condori, representante de la Federación Minera de Madre de Dios, informó que los mineros artesanales de esta región entrarán en huelga indefinida en protesta por la voladura indiscriminada de las 20 dragas que extraían mineral, sin preguntar quiénes son formales y quiénes no.
Los mineros reclaman la ejecución de políticas de Estado a favor de la formalización de sus actividades, como lo señala el «Plan Nacional para la Formalización del Minero Artesanal» que acordaron en una mesa de diálogo.
La intervención decretada por el gobierno ha sido respaldada por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Voceros del gremio empresarial minero han declarado que esta actividad se desarrolla en 13 regiones del país y se calcula que genera más de US$ 900 millones de utilidades al año que no pagan impuestos, regalías y menos aún canon para la región.
«La intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Madre de Dios fue necesaria porque es una de las regiones más golpeadas por la minería ilegal que ya destruyó más de 150 mil hectáreas de bosques y contaminado los ríos de la Amazonía», señaló la presidenta del Comité Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Eva Arias.
Para el especialista en temas ambientales Mariano Castro Sánchez Moreno, la destrucción de las dragas era una acción necesaria, sin embargo la eliminación de la minería informal necesita más decisiones de Estado: «se requiere un control de insumos y maquinarias necesarias para la minería informal. Controlar el ingreso de mercurio por ejemplo, sus emisiones no solo afectan a los ríos, también contaminan el aire», agregó.
Otro problema que se desprende de este tipo de actividad es que al ser el comercio del oro un mercado libre, las mineras formales y los pequeños comerciantes terminan ‘formalizando’ el origen informal de este metal, lo que hace necesario implementar campañas como las del «oro limpio» que se desarrollan en otros países y establecer puestos de control en los diversos medios de transporte fluvial y de carreteras.
El presidente regional de Madre de Dios, José Luis Aguirre Pastor, hizo un llamado al Gobierno Central para que establezca partidas presupuestales destinadas a combatir la minería informal y pidió actuar de manera conjunta con las autoridades de la zona. Lo cierto es que si se quiere abordar en serio esta problemática se debe proponer una intervención integral y sostenida que va más allá de decretos de urgencia.