Huánuco es la última región del país donde la sangre llegó a un río de crimen organizado y corrupción. El jueves 14 fue asesinado por sicarios el alcalde distrital de Amarilis, Marzony Puskas Vásquez Ramón (UPP). Los móviles están en investigación y el crimen pone bajo reflectores la convulsión del departamento.
Como ocurrió antes en Áncash, no es un problema de distritos. En el dominó de gobiernos regionales que cayeron en rápida sucesión, el de Huánuco quedó en pie a pesar de los graves cuestionamientos al presidente Luis Picón.
Y por eso cabe preguntarse qué hacía el exasesor presidencial Adrián Villafuerte entre la audiencia del debate de candidatos a la presidencia regional en la universidad Los Ángeles de Chimbote –sede Huánuco– el mes pasado.
¿GALLO DE TAPADA?
Según los presentes, asistió acompañado de un equipo de seguridad que filmó el evento. El coronel retirado del Ejército renunció a su rol como asesor presidencial en noviembre último, cuando se desató el escándalo de la irregular vigilancia policial prestada al domicilio del exoperador montesinista Óscar López Meneses.
¿La presencia de Villafuerte confirmaría que Picón es el gallo de tapada del oficialismo, como lo aseguran varios políticos locales? El asesinado alcalde Vásquez coincidió con Picón en la inauguración, en mayo pasado, en los puentes de Copa Alta y Matibamba.
Allí el presidente regional hizo alusión a una investigación por corrupción que se lleva a cabo contra su gestión en la Comisión de Fiscalización del Congreso.
“Aquí está la obra que desbarata la denuncia de aquellos que andan sembrando mentiras”, dijo. Pero la cosecha no se queda en fantasías.
EL INFORME UIF
El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera 022-2013-DAO-UIF-SBS arroja oscuras sombras sobre las empresas del presidente regional y sus hermanos Isaac y Juan, quien entre 2007 y 2010 fue alcalde de la provincia de Leoncio Prado, cuya economía, como la de Huánuco, es marcadamente influida por el narcotráfico.
El informe registra operaciones financieras por más de US$ 4.5 millones y advierte que podría haber “otras cuentas”.
“Se infiere que los hermanos Picón Quedo utilizarían el sistema financiero para movilizar fondos en efectivo. Se desconocería el origen y el destino de los mismos”, se lee en el documento.
Las empresas de los hermanos abarcan los sectores de construcción, automotriz, comercialización de maquinaria, agricultura, agroindustria, transporte de carga por carretera y servicios de salud.
El documento revela que “están actualmente siendo investigados por el delito de TID, peculado, enriquecimiento ilícito y delitos tributarios”.
Concluye que realizaron “operaciones características de los actos de conversión. Se realizaron fuera de la zona de influencia de las empresas y en algunos casos de omitió información acerca del origen de los fondos”.
También que en el caso de las cuentas corrientes del banco Interbank, donde se movió la mayoría del dinero, “más del 75% de sus depósitos fueron realizados en efectivo y por importes por debajo del umbral, por lo que no se realizó la declaración de origen y destino de los fondos depositados”.
El informe de la UIF data de mayo de 2013 y se da cuenta de su traslado al Ministerio Público. Pero apenas tres meses después, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos de Tingo María, dirigida por Fernando Collazos, dispuso el archivo definitivo de una investigación en contra de los hermanos.
La procuradora antidrogas Sonia Medina apeló la decisión y documentó el “delito fuente” con dos hechos: la familia tuvo durante varios años como administrador de sus empresas a Jhon Frederic Shanon, con requisitoria por narcotráfico desde 1994, y el arresto en 1997 de Lilia Guzmán, cuñada del presidente regional, que cayó en el aeropuerto Jorge Chávez con cinco kilos de cocaína.
EL AMIGO JOSUÉ
El presidente regional también parece tener buenos amigos en el Congreso. El oficialista Josué Gutiérrez acaba de ser designado vocero de su bancada. Su nombre fue incluido en la lista de siete parlamentarios presuntamente vinculados con el narcotráfico que el sociólogo Jaime Antezana hizo pública en septiembre pasado (CARETAS 2299).
Antezana señaló que la campaña política de Gutiérrez fue financiada por Picón. Fuentes familiarizadas con el caso sostienen que el congresista era un trabajador conocido de las empresas de los Picón. Este le reconoció a CARETAS solo haber sido abogado de una de ellas entre los años 2002 y 2003.
Su madre, Victoria Cóndor Rivera de Gutiérrez, aparece referenciada en el informe de la UIF como gerente general de una de las empresas de los Picón, la Clínica Especializada Santa Lucila.
Los vínculos ya habían saltado a la vista en julio del 2011. Entonces Alexis Humala, el hermano menor del Presidente, realizó un viaje a Rusia que desató un escándalo, pues se sospechó que tenía como finalidad establecer contactos de negocios para aprovechar el gobierno que estaba por comenzar.
Gutiérrez estaba en la singular “comitiva” como congresista electo y en la prensa se especuló que Picón habría financiado el periplo. Como fue consignado por el diario La República el 19 de julio de 2011, el presidente regional negó haber pagado el viaje pero reconoció conocer a Alexis Humala porque Gutiérrez los presentó.
La investigación contra Picón no alumbra resultados en la comisión de Fiscalización que integra Gutiérrez.
Se suponía que investigarían la transferencia irregular de S/. 348 millones del gobierno regional a 61 empresas ligadas a la familia Picón. Hay 101 obras públicas cuestionadas, ya sea porque no se hicieron o por no estar concluidas.
Un ejemplo: el restaurante campestre La Estancia –que también tiene hotel– se convirtió en la principal constructora de la región.
“Lo que ocurre en Huánuco es un efecto perverso de la descentralización”, alerta un político que está en el ajo en el departamento y pidió la reserva de su nombre por razones de seguridad. “Es paradójico. Aquí el Estado termina por lavar el dinero del narcotráfico con el negocio de las constructoras en las obras públicas” (Enrique Chávez).
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