UCAYALI. El caso Saweto se le escapó de las manos a la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada de Ucayali. Y es que el testimonio clave del único testigo protegido, que era vital para juzgar a los responsables del asesinato de los cuatro dirigentes ashéninkas, fue rechazado de plano por el Poder Judicial debido a la ineptitud del fiscal Dennis Vega Sotelo.
Así lo reveló al diario Ímpetu el abogado de las víctimas, Óscar Romero Aquino, quien exigió que la Fiscalía Superior Penal de Ucayali excluya y sancione a Vega Sotelo y a su adjunta, Vannie Robles Sajami, por “echar por tierra un caso emblemático de más de ocho años”.
“El fiscal superior me dijo que Vega y Robles no estuvieron desde el principio del proceso”, advierte el abogado Romero y agrega: “Pero este juicio tiene casi diez años y el fiscal Vega debería conocer todo lo que ha sucedido anteriormente en torno al caso”.
“El testigo protegido para nuestro caso es el 001 637 2014, pero cuando esa investigación pasó a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, le amplían la declaración al testigo y le asignan el código FECOR-U-001, que fue el que se entregó a la juez en vez del otro. Eso no lo supo explicar la Fiscalía. Yo lo expliqué, pero el juez me dijo que no me correspondía y tiene razón, pero no podía quedarme callado”, declaró el abogado.
No está de más recordar que Vega Sotelo no estuvo en la audiencia y tampoco se ha pronunciado acerca del caso hasta el momento. Fuentes al interior del Ministerio Público de Ucayali refieren que al fiscal “se le escaparon las tortugas”.
Ante ello, la parte civil recurrirá a otro mecanismo para que se incluyan las declaraciones del testigo protegido y así no perder el caso. No obstante, se trata de una vía engorrosa y presenta ciertas falencias al no existir el acta original que fija el código de dicho testigo, siendo otra torpeza del Ministerio Público.
“Para ver si me aceptan la prueba de oficio, pediré que llamen a la fiscal que levantó la primera acta con el testigo protegido y al entonces jefe de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, Julio Reátegui Urresti, quien levantó la segunda acta (FECOR-U-001) para que validen la identificación del testigo protegido e ingrese nuevamente como prueba”, adelantó.
Error imperdonable
El diario Ímpetu anota que la importancia del testimonio del colaborador protegido configura la prueba más consistente con la que cuenta el caso, siendo el resto solo indicios de la responsabilidad de José Estrada Huayta, presunto autor intelectual del crimen, y Eurico Mapes Gómez, acusado como autor material en los asesinatos de Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez, todos dirigentes de la comunidad de Saweto que se opusieron férreamente a las redes criminales dedicadas a la tala ilegal.
“Esa prueba, la declaración del testigo, es vital. La investigación de la Fiscalía ha sido deficiente. Durante los primeros cuatro años no se preocuparon en ver que se realicen las diligencias correspondientes y, sobre todo, que se hagan correctamente. Estoy seguro de que las declaraciones del testigo habrían dado la certeza necesaria al proceso, porque el indicio real es que el señor Edwin Chota denunciaba a estos señores por tala ilegal desde mucho antes de perder la vida. Las denuncias presentadas al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre (Osinfor) y a otras instituciones lo respaldan”, señaló Romero.
El abandono del caso era tal que incluso el entonces fiscal encargado del proceso, Julio Reátegui Urresti, estuvo a punto de archivar el caso por “falta de pruebas”. La negligencia y la mediocridad habrían sido heredadas por Vega Sotelo, aseguran fuentes del despacho de Janet Pizarro Osorio, la jueza que rechazó al testigo protegido por “error” del Ministerio Público.
“De 2014 a 2018 no se logró nada. Yo agarré el caso a mediados de 2018 y el señor Reátegui me dijo: ‘En este caso no hay nada, lo voy a archivar’, lo que me pareció alarmante porque hay cuatro muertos. Presenté mi queja a la Oficina de Control Interno del Ministerio Público en Lima y le hicieron una visita inopinada al fiscal Reátegui, y descubrieron que el expediente del caso estaba atrasado y mal hecho. Esa es una de las razones por las que remueven al fiscal”, se quejó.
Precedente nefasto
El abogado de las víctimas considera que las omisiones y faltas de la Fiscalía terminarán beneficiando a los asesinos, generando impunidad en un caso emblemático que involucra a mafias dedicadas al narcotráfico y a la tala ilegal en la selva peruana. “Se estaría sentando un precedente nefasto”, alertó. “Para mí se debe anular el juicio oral y empezar de nuevo. Es la única forma de salvar el caso”, agregó.
“Se ha llevado pésimamente el desarrollo de las audiencias y lo hemos hecho notar en reiteradas oportunidades. De acuerdo a lo que veo, van a absolver a los denunciados, pero llevando un mal juicio. De darse el caso, pediré que se vuelva a realizar el juicio con otro colegiado y pediré la transferencia de competencia a otra corte. Por ahora, yo encontré el caso así y debemos seguir luchando. Hay todo para plantear la nulidad, pero debo esperar el momento correcto”, afirmó.
Finalmente, Romero Aquino opinó que, si bien la tala ilegal de madera ligada al narcotráfico representa una de las más fuertes problemáticas de la selva peruana, pensar que es la única razón por la cual los procesos penales no avanzan, sería olvidar que existe una “gran ineficiencia por parte de la Fiscalía para sustentar sus acusaciones”.
“Existe una gran falta en el estudio de los expedientes por parte del Ministerio Público. De que han estudiado el expediente Saweto, yo creo que no. Hay un momento en que la fiscal se confunde con el nombre, por lo que la juez, al ver su nerviosismo, le pregunta: ‘¿Dónde queda Saweto? ¿En Perú o Brasil?’. A lo que la fiscal responde nerviosa. Falta estudio, si los fiscales tienen mucha carga procesal mejor que no se metan. Uno debe estudiar sus casos, decepciona ver este tipo de fiscales”, concluyó.
El caso Saweto se encuentra en etapa de juicio oral y debe acabar a fines de noviembre. En setiembre se cumplieron ocho años del asesinato de los cuatro dirigentes ashéninkas, quienes dejaron familias que no dejan de exigir justicia, informó el diario Ímpetu.