UCAYALI. La región finalizó el 2022 con once conflictos sociales sin resolver, de los cuales siete podrían volver a estallar en cualquier momento. La estadística anual de la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Diálogo del Gobierno regional, advierte que las disputas por tierras son los problemas más frecuentes en Ucayali.
Sin embargo, el conflicto social que más perjudicó y sacudió a la región, según la jefa de la Oficina Defensorial de Ucayali, Susana Huamán, fue el bloqueo de la carretera Federico Basadre llevado a cabo por las rondas campesinas y las asociaciones agrarias. Hechos que se dieron durante el paro indefinido convocado por el Frente de Defensa.
Huamán recordó que fue el único conflicto social en el año que registró cinco heridos de bala. Asimismo, señaló que el uso de armas de guerra por parte de la Policía Nacional aún se encuentra en investigación del Ministerio Público, lo cual determinará si es que los efectivos hicieron uso desmedido de la fuerza durante el intento de desalojo de la carretera a la altura de Huipoca.
La defensora dijo que la situación actual del conflicto es latente, debido a que los sindicatos de las regiones del oriente del país convocaron a una reunión para este 2 de enero en la ciudad de Tarapoto, la cual tendría la finalidad de definir acciones para la reanudación de las protestas.
Del mismo modo, cuestionó que las autoridades regionales y locales no tuvieron un accionar oportuno durante la huelga, limitándose a atribuir responsabilidades al Gobierno Nacional.
“Si bien la solución a las demandas la tenía el Congreso y el Ejecutivo, toda autoridad tiene un nivel de responsabilidad y participación para que los conflictos no escalen a niveles de violencia como los que vimos. Ni siquiera se evidenció preocupación para atender a las personas varadas en la carretera Federico Basadre, que era competencia de los municipios”, lamentó.
Por otro lado, Ángel López, jefe de la Oficina de Diálogo del GORE Ucayali, señaló que los conflictos sociales por tierras son los más comunes en la región. De estos siete problemas por titulación vigentes, afirmó que el “caso Refinca” -que involucra a la Empresa Refinca Holding S.A.C., con los agricultores de la comunidad de San Juan de Pumayacu, en el distrito de Campoverde- es el más complejo y difícil de resolver.
“Este es un problema muy importante, en el que muchos pobladores de San Juan de Pumayacu reclaman la forma en cómo se ha vendido y traficado la tierra en gestiones anteriores. ¿Cuál es el problema? La superposición. No sabemos bajo qué modalidad Refinca compró un terreno de 3 400 hectáreas a un tercero y lo inscribió en Registros Públicos sin tener en cuenta que ahí vivían familias”, contó López.
Como se recuerda, en 2006 el Estado ordenó la reversión de los terrenos del predio Tournavista –que hoy ocupa Refinca- a favor del Gobierno regional, hecho que nunca se llevó a cabo. Doce años después, en enero último, el Tribunal Registral decidió autorizar dicha reversión, por lo que la empresa de Samuel Dyer no tuvo más remedio que judicializar el caso.
“No sabemos por qué no se dio la reversión en 2006, hay algo extraño ahí que llama a la suspicacia. Lo que podemos decir ahora es que con la judicialización del caso, administrativamente ya no podemos hacer nada. Este tema es muy complejo y sensible, pues tanto la empresa como los agricultores cayeron en lamentables excesos”, dijo López.
El reporte de Defensoría del Pueblo que será presentado al equipo técnico del gobernador electo, Manuel Gambini, categoriza al conflicto social en Refinca como latente, es decir, que se trata de un problema que ya se desencadenó y que podría dar lugar a nuevos escenarios de violencia. Como el que sucedió en diciembre de 2021, cuando se registraron dos heridos de bala.
Si bien la disputa se encuentra estancada por un acción de amparo, la Presidencia del Consejo de Ministros integró una comisión que presentó el pasado 11 de noviembre un “informe de la verdad” ante los dirigentes de San Juan de Pumayacu y los representantes de la empresa Refinca, con la intención de convocarlos al diálogo.
Pese a que el informe causó inicialmente reacciones de rechazo por parte de los agricultores, el 1 de diciembre último estos entregaron un memorial a la PCM solicitando “canalizar la realización de una Mesa Pública entre la empresa Bosques Silvestres SAC y nosotros los campesinos, donde participen todos los entes competentes en la materia del Estado, gobiernos regionales de Huánuco y Ucayali, Ministerio de Agricultura, PCM y otros”, se lee en reporte de la Defensoría.
La empresa Refinca se encuentra indirectamente inmersa en un segundo conflicto social con el Gobierno Regional de Ucayali que demanda iniciar los trabajos de reversión para el saneamiento físico legal del sector de San Juan de Pumayacu, por lo que el Goreu recomienda solicitar información a la Procuraduría Regional sobre la situación del proceso judicial que se tiene sobre el predio.
El siguiente conflicto social ligado a la titulación de tierras tiene lugar en el distrito de Von Humboldt, provincia de Padre Abad, donde los agricultores mestizos se oponen al proceso de ampliación de once mil hectáreas a favor de la comunidad indígena Sinchi Roca. El problema también tiene un estado latente que podría desencadenar acciones violentas.
Las controversias iniciaron cuando en mayo último, la comunidad nativa Sinchi Roca quiso ampliar la titulación de su territorio a una zona abarcada por el caserío Nueva Libertad. De acuerdo a la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, este problema tiene raíz en anteriores gestiones que no debieron entregar terrenos a parceleros sabiendo que la ley beneficia a las comunidades indígenas.
La única solución posible, según las recomendaciones del Goreu, sería permitir que los agricultores continúen viviendo en la zona pero sin aspiración a titulación.
El pasado 18 de octubre, autoridades del Gobierno regional y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego acordaron que se continuaría con el proceso de titulación de la localidad mientras se realice la georreferencia de los predios superpuestos de los agricultores.
Por su parte, los miembros de la comunidad de Sinchi Roca se comprometieron a no llevar a cabo acciones violentas contra los colonos.
El área de Diálogo y Gestión de Conflictos del Goreu señala que el problema de superposición de predios demanda que se modifique la guía metodológica del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para permitir el reconocimiento de centros poblados con más de 50 habitantes. Este pedido es hecho por la Federación de Productores Agrarios y Medio Ambiente de Ucayali, los frentes de Defensa distritales y provinciales y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Impulsado por el gremio de transportistas multimodal, la masificación del gas natural es otro conflicto social de gran envergadura en la región Ucayali. La demanda es promover por lo menos tres estaciones de servicio de gas natural vehicular en Pucallpa ante el elevado costo del combustible.
La jefa de la Defensoría en Ucayali indicó que fue necesario reconocer la masificación del gas como conflicto social al tratarse de un tema pendiente que ha desencadenado múltiples manifestaciones y paros en la región. A la vez que se trata de un insumo que permitiría reducir el precio del combustible en un 70%.
“Ha habido un reclamo de los ciudadanos, y era importante tener este tema en cuenta en la matriz de conflictos pendientes que dejamos a la nueva gestión. Más aún ahora que el gremio de transportistas se da cuenta que en otras regiones como Cusco el proyecto ya está encaminado, por lo que el pedido es más fuerte”, explicó Huamán.
La Oficina de Diálogo del Goreu recomienda a la próxima gestión concretar las negociaciones con la empresa Aguaytía Energy para materializar el proyecto en un aproximado de siete meses con una inversión de 7 millones de dólares.
El pasado miércoles 28 de diciembre, la ministra de Transporte y Comunicaciones, Paola Lazarte, reveló que la presidenta Dina Boluarte pidió que se reactive de manera inmediata la masificación del gas en el país. Por su parte, la ministra del Ambiente, Alvina Ruiz, señaló que se iniciará a trabajar en el menor tiempo posible la gestión del presupuesto con el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas.
Texto: Augusto Padilla
Fuente: Diario Ímpetu