Pucallpa tiene una gran ventaja frente a otras ciudades importantes de la Amazonía, está conectada a través de más de 700 kilómetros de carretera con Lima. La capital peruana es el punto de destino de la mayor cantidad de madera del país para abastecer al mercado nacional y que tiene como destino la exportación. A lo largo de esta ruta, hay siete puestos de control forestal donde confluye el trabajo de la PNP, Sunat y la FEMA. Estos son los obstáculos que tienen que sortear las mafias de la madera, las mismas que se valen de guías de transporte forestal falsificadas que pueden conseguir en distintos puntos de Pucallpa, señalan fuentes consultadas para un reportaje por Mongabay Latam. Esta maquinaria ilegal no se detuvo ni con la pandemia.
“Aquí los únicos que pararon por la cuarentena fueron las autoridades del Estado como el Serfor y el Osinfor. Los ilegales continuaron talando y generando volúmenes importantes que sacaron de Ucayali sin controles. ¡Quien podía pagar, pasaba!”, afirmó a Mongabay Latam un transportista de Pucallpa, que prefirió que se mantuviera su nombre en reserva. Tras la transferencia de competencias a los gobiernos regionales, estos son autónomos sobre las acciones relacionadas a sus recursos forestales y de fauna silvestre. Es decir, tienen a su cargo, por ejemplo, la verificación en campo y la exclusividad para otorgar los títulos habilitantes que permiten aprovechar el bosque.
Sin embargo, están obligados por ley a enviar la información actualizada sobre los títulos otorgados y los planes de manejo para que el personal del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) realice también la verificación en campo. El problema es que esto, en la práctica, no siempre ocurre. El procurador Público del Ministerio del Ambiente (Minam), Julio Guzmán, indicó que la supervisión en campo que realiza el Osinfor es la única manera de acreditar fehacientemente la legalidad de la madera.
“El riesgo actual es que un gran volumen de madera provenga de títulos habilitantes que no han podido ser supervisados y que no podrán ser supervisados este año por el Osinfor, sobre todo en Loreto, Ucayali y Madre de Dios”, precisa Guzmán. El procurador añadió que en enero solicitó tanto al Osinfor y al Serfor información sobre cuántos funcionarios de los GORE han incumplido con enviar los datos actualizados de los títulos habilitantes otorgados, pero dijo que aún no ha recibido una respuesta. “¿Si no transparentan la información cómo parar los camiones? No hay forma”, declaró Guzmán.
Si desea leer el informe completo elaborado por Francesca García Delgado, para Mongabay, haga click aquí.