El presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), Javier Bogantes afirmó que la situación que se presenta a nivel del Proyecto Conga se torna muy compleja, porque muchas veces se toman decisiones que se pueden considerar como jurídicamente legales descuidando la legitimidad.
“Muchas veces se toman decisiones de acuerdo a una cierta legalidad pero no se debe olvidar que la leyes tienen dos aspectos fundamentales: una es la parte jurídica legal y, la otra, es la legitimidad de las leyes que la otorgan los pueblos. Ellos son los que determinan esta legitimidad», sostuvo.
De otro lado, Bogantes anunció la realización de una audiencia internacional con el objetivo de analizar a profundidad los agudos conflictos que se están dando en el Perú en torno a la posesión del agua y su preservación. “Perú tiene la gran oportunidad para enmendar errores que otros gobiernos cometieron en torno a esta problemática”, expresó.
El representante de TLA indicó que en América Latina, estos conflictos se manifiestan desde hace varias décadas sin que los gobiernos puedan resolverlos a plenitud. «Aquí en el Perú, estamos conociendo diversos casos de diferentes partes del interior con el acopio de información de distintos petitorios», aseveró.
Tribunal Latinoamericano del Agua
El TLA es una instancia internacional, autónoma e independiente, de justicia ambiental, creada con el fin de contribuir a la solución de controversias relacionadas con los sistemas hídricos en América Latina. Es un organismo de naturaleza ética comprometido con la preservación del agua. Una de sus prioridades es garantizar el aprovechamiento del agua como derecho humano para el disfrute de las generaciones actuales y futuras.
Fundamenta su actuación en principios de convivencia con la naturaleza, respeto a la dignidad humana y la solidaridad entre personas y organizaciones para la protección del agua. Es una plataforma de justicia alternativa que suma sus esfuerzos a los que realizan diferentes ciudadanos en otras instancias, administrativas o judiciales, para contribuir a la búsqueda de soluciones a las problemáticas hídricas que afectan a las y los latinoamericanos.
La legitimidad de este tribunal deriva tanto del carácter moral de sus resoluciones, así como del fundamento jurídico en que se basan. Los convenios, declaraciones y tratados internacionales sobre protección del ambiente son prioritarios en el accionar de esta instancia.