Desde el 16 de enero de 2007, el Perú cuenta con la Ley N° 28950, contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que sanciona hasta con 35 años de cárcel a las personas vinculadas a la venta de niños, explotación sexual y laboral, así como la mendicidad y el tráfico de órganos, sostuvo Guisselle Canales Becerra, de la Secretaría Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
En un conversatorio sobre los alcances de la Ley de Trata de Personas, realizado por la Pontificia Universidad Católica, Canales aseguró que la norma dispone también de medidas de asistencia y protección a las víctimas de este delito.
La funcionaria del sector Interior recordó que la trata de personas es un delito que atenta contra los derechos humanos, pues vulnera la vida, libertad, integridad y dignidad de las víctimas, y afecta anualmente a cerca de dos millones de personas, generando ganancias por US$ 9 500 millones de dólares anuales, cifra sólo superada por el tráfico de drogas y de armas.
La especialista puntualizó que el Perú, a pesar de no contar con cifras exactas sobre las víctimas de este delito, está considerado como un país de origen, tránsito y destino de la trata internacional y con predominio de la trata interna (sexual y laboral).
Por su parte, Carlos Romero Rivera, especialista de Capital Humano y Social Alternativo (CHS), sostuvo que la trata es un proceso que comienza con el reclutamiento de la persona (captación y traslado); el engaño y privación de su libertad y culmina con la explotación de la misma por bandas de crimen organizado.
El especialista detalló que los mecanismos de captación de personas con fines de trata son las agencias de empleo, el padrinazgo, la seducción y la Internet. Por otro lado, aseguró que ya se han identificado 137 víctimas, todas mujeres, de las cuales 62 son adultas y 75, adolescentes, precisamente el principal grupo vulnerable lo conforman las adolescentes entre quince 15 y 19 años