Un documento de 81 páginas sobre cómo enfrentar el delito de la trata a nivel de todo un país debería ser la culminación de varios años de esfuerzo para visibilizar el delito. Nos referimos al Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas 2011-1016 (PNAT), una estrategia del nuevo gobierno que ha sido, en materia de derechos humanos, lo más resaltante y valorable de este año que finaliza y que, en cierto modo, fue inspirada por el trabajo conjunto de CHS Alternativo y otras organizaciones en la última década.
Porque con el PNAT la trata de personas debería convertirse en una prioridad del Estado Peruano.
Ahora se espera que en el 2012 se implemente coherentemente el Plan: es decir, que no solo se destine el presupuesto adecuado para su ejecución -algo en lo que insistió nuestra organización desde el principio-, sino que también proporcione indicadores de sus logros en plazos específicos: si aumentó el número de personas informadas y prevenidas contra la trata, si generó una mayor cantidad de sentencias, si creció el número de casos judicializados, y si las sentencias y penas por delitos de trata son ejemplares.
Resultados que, al final, indicarán el éxito o el fracaso de la estrategia.
En concreto, se podría decir que el tema de la trata de personas entró favorablemente a la discusión nacional durante el 2011: hoy casi todas las regiones del país generan iniciativas para crear Mesas de Acción contra este crimen. Y muchas de las organizaciones que conforman la red Mirada Ciudadana -entre las cuales se incluye CHS Alternativo- son parte de ellas.
Esto se logró, en parte, gracias a iniciativas como el III Concurso Periodístico que buscó que el tema de la trata generase interés en medios de comunicación de todo el país: los reporteros, a través de sus informes, generaron una cierta presión en las autoridades y terminaron influyendo en la agenda pública, provocando medidas de acción.
Las declaraciones del presidente Ollanta Humala, la Primera Dama Nadine Heredia y los funcionarios del Ministerio del Interior en todo este tiempo así lo demostraron.
Otra iniciativa de CHS Alternativo que también sensibilizó a la población sobre el tema fue el documental «La Noche de Jhinna», donde se narró la historia de una joven explotada sexualmente que no podía acceder a la justicia. Felizmente su caso logró judicializarsey ella se convirtió, simbólicamente, en la primera víctima de trata que logró entrar a un Programa de Protección y Atención del Ministerio Público.
Otro punto a favor fue la completa implementación del Sistema RETA-PNP (Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines de la Policía Nacional del Perú) a nivel nacional tras cinco años de trabajo intenso en las regiones. A la vez, se publicó «El Proceso Penal Peruano en el Delito de Trata de Personas: 14 Casos en Lima y Loreto», un estudio de expedientes judiciales que demuestra cómo las víctimas de explotación sexual y laboral no son protegidas adecuadamente durante el proceso.
O peor aún: que el razonamiento judicial frente a los casos de trata aún no está al nivel de persecución de un delito del crimen organizado.
A esto se suma las constantes capacitaciones que CHS Alternativo ofreció, durante el 2011, a la PNP y a administradores de justicia de todas las regiones del país. En este punto cabe destacar, por ejemplo, el proyecto con la Municipalidad Metropolitana de Lima -que incluyó conferencias y talleres para el personal edil y miembros del Serenazgo- desde un nuevo enfoque: el de la seguridad ciudadana.
Pero no solo fueron capacitaciones: nuestra organización también contribuyó a la investigación del delito de la trata -específicamente con el trabajo de inteligencia policial- y, al mismo tiempo, se dio tiempo para atender casos de peruanos y extranjeros explotados sexual y laboralmente tanto dentro como fuera del país a través de su Centro de Atención Legal y Psicológica (CALP) de Lima e Iquitos.
En todo esto, ¿qué faltaría resolver en los próximos doce meses?
Por ejemplo, que a nivel normativo no ha habido ningún avance importante salvo la presentación de proyectos legislativos que buscan crear un fondo para la asistencia y protección de víctimas de trata -presentado en su momento por las congresistas Rosario Sasieta y Natalie Condori-. Un fondo que, además, bien podría cubrirse con los bienes incautados a las redes de mafia.
De hecho, Carlos Chávez Montenegro -el acusado en el caso Jhinna Pinchi- y Miguel Apeña Cano -el «rey de los nightclubs»– están siendo procesados por el delito de lavado de activos, una forma de golpear a las estructuras criminales dedicadas a la trata de personas.
Con todo, si bien en el 2011 aumentó el número de casos judicializados y sentenciados en el país, el problema sigue siendo la tipificación inadecuada y las sanciones y reparaciones que no corresponden a la gravedad del crimen. A esto debe sumarse los recursos insuficientes -casi nulos- que se destinan para la protección estatal de las víctimas.
Ni qué decir, además, que en este año casi no hubo ninguna campaña pública de información realizada por el Estado.
Como se aprecia, tareas hay muchas para el 2012 y CHS Alternativo seguirá en su compromiso por enfrentar este crimen a los derechos humanos. Esperamos que también el gobierno sea consecuente con este enorme esfuerzo.
FUENTE: CHS ALTERNATIVO