A pesar que nuestro país ha asumido compromisos nacionales e internacionales en favor de la transparencia en el sector energético, aún existen aspectos pendientes a ser mejorados como la evaluación de los portales de transparencia, de los procesos de acceso a la información de organismos públicos, y de la transparencia, a la luz de los principios de gobernanza o buen gobierno (planificación, capacidad de gestión, coordinación intersectorial e intergubernamental, participación ciudadana, rendición de cuentas, e integridad pública).
Los grandes desafíos para la promoción de la gobernanza y de la transparencia en el sector energético giran en torno a temas como la ejecución de préstamos programáticos para el sector, la planificación de políticas, planes y programas públicos, los procesos de otorgamiento de derechos en hidrocarburos e hidroeléctricas, y los procesos de evaluación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
El aparato estatal requiere mejorar sus capacidades para afrontar tales desafíos. Urge fortalecer a los funcionarios públicos en temas de transparencia y de derecho al acceso a la información, y otorgar importancia a estos temas para que su atención no sea residual en la carga laboral del funcionario.
También se necesita fortalecer los mecanismos oficiales de participación ciudadana y la consulta previa a los pueblos indígenas, asegurar la efectiva participación de los gobiernos regionales en los procesos de transparencia y que las instituciones publiquen la información relevante generada, de manera ágil, oportuna, clara, comprensible y culturalmente apropiada.
La transparencia entendida como la capacidad de los organismos públicos para brindar información, permite al ciudadano solicitar a nuestras autoridades la rendición de cuentas sobre sus funciones y ejercer la vigilancia ciudadana. En el caso del sector energía, la transparencia relacionada con la gestión, promoción y uso sostenible de los recursos naturales energéticos, permite a la ciudadanía verificar su exactitud, contribuir a prevenir la corrupción, reducir los conflictos sociales, y fomentar la confianza entre la población y sus instituciones en este sector.