El secretario general de la Asociación Civil Transparencia anunció que se viene diseñando el primer mapa de riesgos electorales del país, que toma aportes de la experiencia colombiana, pero que tiene claro que Perú debe hallar su propia metodología, pues existen entre ambos países diferencias sustanciales, como por ejemplo que en el país vecino el voto no es obligatorio, por lo que el inusual incremento de votos en localidades con presencia del narcotráfico y paramilitares es un indicador de que algo anda mal.
Anunció que, por ello, se analizarán otros indicadores como la ausencia del Estado, acciones terroristas, actividades económicas ilícitas, atentados contra la libertad de prensa y conflictos poselectorales, todo esto con la finalidad de definir qué localidades del país conjugan riesgos de infiltración de la ilegalidad en el sistema político peruano.
Medina informó que no hay un plazo establecido para la presentación de este mapa, pero sí la voluntad expresa de instituciones públicas y organismos internacionales de financiar este esfuerzo.
El anuncio fue realizado en el marco del seminario internacional Elecciones y Crimen Organizado ante los representantes de los partidos políticos que suscribieron el Compromiso Ético contra el Narcotráfico (CEN), quienes coincidieron en señalar que la poca presencia que tienen en las zonas más convulsionadas del país dan pie a que el poder sea asumido por movimientos locales débiles que no pueden enfrentar el problema del narcotráfico y del terrorismo en sus localidades.
Lo más grave, sin embargo, es que se está abriendo un espacio para que sectores radicales formen sus propios movimientos y copen alcaldías o gobiernos regionales, señalaron.
Gonzalo Aguirre, presidente del partido Todos por el Perú, señaló al respecto que es necesario que las agrupaciones políticas cuenten con financiamiento del Estado para que, entre otras acciones, puedan formar a sus dirigentes en las zonas más alejadas.
Dijo, asimismo, que es indispensable que se crearan herramientas informáticas que les permita acceder a información sobre la situación judicial y económica de sus partidarios, pues esto permitiría controlar mejor la infiltración del narcotráfico o el terrorismo.
“Si un partido quisiera tener un candidato a alcalde y tres regidores en los más de 1.800 distritos que hay en el país tendría que evaluar a 5.400 personas. Eso es imposible. Nosotros queríamos tener candidatos a alcaldes en diversos distritos de Huánuco, pero nos quedó las dudas sobre los postulantes y preferimos no presentar candidatos”, precisó.
Cabe indicar que la necesidad del mapa de riesgo se hace patente ante realidades como la colombiana donde las autoridades investigan en la actualidad a 400 funcionarios públicos —entre alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, senadores y empleados contratados—, y a más de 5.000 ciudadanos, principalmente empresarios, por relaciones sospechosas con grupos a la margen de la ley, según información de la Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia.