El Comercio. Lo sucedido el jueves pasado en el Congreso con el proyecto de ley de moratoria de transgénicos, observado por el presidente Alan García y devuelto al Legislativo para las modificaciones del caso, es escandalosamente enervante y despierta suspicacias.
¿Qué poderosos lobbies están detrás de la contramarcha de la bancada aprista? ¿Quizá las transnacionales químicas y farmacéuticas, que pretenden incluir al Perú en su círculo de negocios transgénicos, sin pensar en los perjuicios para nuestra rica biodiversidad?
Ya se contaba con las firmas necesarias para convocar a una sesión extraordinaria a fin de debatir las observaciones del Ejecutivo a la autógrafa sobre la moratoria por diez años a los cultivos transgénicos, cuando a última hora los miembros de la Célula Parlamentaria Aprista retiraron súbitamente su anunciado apoyo a la solicitud.
¿Por qué una bancada que daba muestras de independencia de criterio para legislar por el interés nacional se alineó finalmente con el presidente dándole la espalda a lo que es un clamor nacional? Deberían recordar estos parlamentarios apristas que, según el artículo 93 de la Constitución, “los congresistas representan a la nación” y no a ningún grupo de interés económico, empresarial o de otro tipo.
Fueron elegidos para trabajar por los ciudadanos y por el país, no para evitar “contradecir la posición asumida por el Poder Ejecutivo”, como intentó justificar el presidente de la Comisión Agraria y congresista aprista, Aníbal Huertas.
Días antes el presidente García observó la moratoria de buenas a primeras y sin exponer el tema en el Consejo de Ministros ni dar una explicación convincente al país que, mayoritariamente, rechaza los cultivos transgénicos.
Una reciente encuesta elaborada por Ipsos Apoyo S.A. para El Comercio reveló que 79% de los limeños informados sobre el tema rechaza el ingreso de semillas transgénicas al Perú. Hay razones para ello.
Como bien han señalado los técnicos, gremios de agricultores orgánicos, conservacionistas y hasta los chefs, el ingreso de cultivos transgénicos es una amenaza a nuestra biodiversidad y ecosistemas, pues las semillas genéticamente modificadas terminarán contaminando nuestros recursos naturales y cultivos nativos.
Se pondría en riesgo nuestro potencial para el desarrollo de la agricultura orgánica –cuyo mercado sigue creciendo notablemente en el ámbito global–, y para conservar la agricultura altamente diversificada que el Perú exhibe y que es una de sus grandes ventajas comparativas y que podría convertirse en la mejor herramienta para sacar de la pobreza a miles de compatriotas en las zonas rurales. Papas nativas, mangos, paltas y café orgánicos del Perú son altamente apreciados en el mercado internacional.
La moratoria de diez años es, en este contexto, una iniciativa necesaria y oportuna, hasta que se conozcan a fondo los problemas que puede desencadenar este tipo de cultivos en un territorio de ecosistemas tan sensibles como el nuestro y las posibles enfermedades y alergias asociadas a su consumo.
Ya que el Congreso actual –y el gobierno aprista– han hecho oídos sordos a un clamor nacional y perdido la oportunidad histórica de dotar al país de una norma trascendental para preservar nuestra biodiversidad, corresponderá al próximo Parlamento y al nuevo gobierno del presidente electo Ollanta Humala insistir con firmeza y coherencia en el asunto, como se prometió reiteradamente en la campaña electoral. En el caso de la errática conducta del Apra ¿quién está detrás?