Para nadie es un secreto que nuestro país tiene una vasta riqueza en flora y fauna. Ello ha despertado la ambición de gente inescrupulosa que trafica ilegalmente con este patrimonio nacional. En el Perú, desde el año 2000 hasta la actualidad, se han logrado decomisar más de 79 mil animales silvestres vivos. Además, existen más de 170 zonas ilegales donde dichas especies se venden y logran concentrar un mercado comercial que genera hasta U$23 000 000 por año.
Por esta razón, el 21 de septiembre del año pasado se derivó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República el Proyecto de Ley Nº 196/2021-CR “Ley que modifica el artículo 3 de la Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, con el objetivo de incorporar en su ámbito de aplicación delitos contra los recursos naturales”. La iniciativa legislativa fue presentada, como se recordará, por el congresista Edward Málaga Trillo.
Luego de más de un año desde que esta modificación fue presentada, la Junta de Portavoces del Congreso de la República acordó poner en la agenda del pleno de hoy el dictamen que incluye el tráfico ilegal de especies en los alcances de la ley contra el crimen organizado. En ese sentido, solo faltaría la aprobación del Legislativo para que se haga efectivo, informó la ONG Oceana.
De tener la iniciativa la luz verde del pleno se fortalecería la lucha contra el tráfico ilícito de especies. Se lograría que los operadores de justicia obtengan mejores herramientas legales para la investigación, sanción y juzgamiento, así como la interceptación postal e intervención de las comunicaciones; levantamiento del secreto bancario, las reservas tributarias y bursátil; la cooperación internacional y asistencia judicial.
Cabe recordar que en el mes de junio de este año, el pleno del Congreso aprobó por unanimidad la inclusión del tráfico ilegal de especies en los alcances de la mencionada ley, pero la reforma no se promulgó porque el Ejecutivo la observó y la iniciativa regresó a las Comisiones Agraria y de Justicia. Actualmente dichas comisiones ya lo aprobaron, por lo que solo queda pendiente que se apruebe en el pleno para que se convierta en una victoria para el ambiente de nuestro país.
Es preciso añadir que los animales decomisados, producto de esta actividad ilícita, son sometidos a situaciones de estrés y crueldad. Por ello, muchos de ellos mueren al ser extraídos de su hábitat natural. Además, el tráfico ilegal de animales silvestres amenaza la biodiversidad, la salud pública y abre paso a otros delitos como el lavado de dinero, es decir, incentiva la corrupción y daña las institucionalidad de las regiones afectadas. A todas luces, se trata de una actividad a la que el país tiene que combatir con más dureza.