LIMA. Organizaciones y colectivos sociales, gremiales y la sociedad civil reinician este miércoles la movilización, denominada la ‘Tercera toma de Lima‘, que exige la salida de la presidenta Dina Boluarte y del actual Congreso de la República.
En las vísperas de estas nuevas protestas, la mandataria señaló, durante una conferencia de prensa, que no entiende por qué se retomarán las marchas y aseguró que su gobierno no tolerará lo que considera “una amenaza a la democracia, al estado de derecho y a la institucionalidad”. Los ministros respaldaron esta postura con declaraciones en la misma línea.
«No entendemos por qué nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima, desde voces del Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), queriendo tomar desde el centro a todo el país. Esta es una amenaza a la democracia, al estado de derecho, a la institucionalidad, y nosotros, como gobierno democrático, no lo vamos a permitir«, manifestó la presidenta este martes.
Desde que se anunció la ‘Tercera toma de Lima‘, no es la primera vez que Boluarte, los funcionarios de su gobierno y un grupo de congresistas se pronuncian en contra de las movilizaciones. Al respecto, Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), expresó su preocupación ante “las señales, las acciones y el discurso que tienen los representantes del Estado” en torno a las marchas antigubernamentales.
«Las señales, las acciones y el discurso que tienen los representantes del Estado son similares a los que tuvieron en los meses de diciembre, enero y febrero. Desde la Cnddhh, pensamos que eso puede ser el preludio de nuevas situaciones de uso abusivo de las fuerzas del orden, incluyendo ejecuciones extrajudiciales«, sostuvo la especialista.
En ese contexto, invocó a los mandos policiales “a actuar estrictamente dentro del cumplimiento de sus funciones” y recordó que “los policías son puestos a disposición de la justicia, inmediatamente”. De acuerdo con los reportes de la Defensoría del Pueblo, durante las movilizaciones en diversas regiones del Perú, principalmente, en el sur, 67 personas fallecieron, de las cuales 49 eran civiles víctimas de la represión policial y militar. Asimismo, se registraron 1956 heridos, entre civiles y fuerzas del orden.
Control de ingreso a Lima: medida inconstitucional
Por otro lado, Pérez cuestionó el plan de operaciones de la Policía Nacional, conocido como ‘Control Verde 2023‘, que bajo la justificación de garantizar la seguridad ciudadana en la capital, en el marco de la Tercera Toma de Lima, se vigilan los puntos de ingreso a la ciudad y se llevan a cabo registros a las pertenencias y equipajes de los pasajeros. La iniciativa se puso en marcha en mayo de este año.
«El plan Control Verde es inconstitucional y viola los estándares internacionales de derechos humanos, así como también los procedimientos operativos de la policía. La observación general número 37 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) señala, de manera explícita, que realizar controles de identidad y registros a personas por estar, presuntamente, vinculadas con una movilización, viola el derecho de la reunión pacífica», apuntó.
La abogada precisó que este tipo de acciones jamás deberían tener una base discriminatoria y que únicamente deben ejecutarse cuando existe una sospecha fundada de que se cometerá un delito grave. Participar en una manifestación, por sí mismo, no constituye un delito grave. Sin embargo, “los controles se están aplicando a personas que vienen del sur, a personas que vienen de pueblos indígenas”, lo que implica un claro sesgo racista.
Delito de abuso de autoridad
En respuesta a lo dicho por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en una entrevista con la Red de Medios Regionales del Perú, acerca de que la Policía tiene la facultad de solicitar la identidad de quienes ingresen a la capital, Mar Pérez afirmó que “el propio hecho de someter a una persona a un control supone de por sí una injerencia en los derechos”. Incluso si no se cometen vejámenes contra las personas o no se incautan sus pertenencias.
Según la abogada, con el plan ‘Control Verde’ se está cometiendo un delito: el de abuso de autoridad. “Los mandos policiales que han autorizado estas intervenciones y quienes directamente las realizan son responsables de ese delito. Se podría interponer un hábeas corpus para detener este tipo de acciones, ya que este procedimiento legal protege también la libertad de tránsito. Los controles que se están haciendo obstaculizan el traslado hacia el lugar donde se desarrollará la movilización, que es Lima”, añadió.
Finalmente, informó que la Cnddhh, como organización de la sociedad civil, monitoreará la situación y comunicará todas las violaciones de derechos humanos a las instituciones internacionales y a la población. El registro de los abusos que se comentan servirán para, posteriormente, interponer las denuncias correspondientes. No obstante, aclaró que la institución que tiene la obligación de garantizar los derechos es el Estado, como la Fiscalía.